El fiscal Germán Moldes pidió la detención de Julio De Vido por la causa Río Turbio
Lo calificó de "gran tramoyista de las inversiones de la obra pública". Señaló que como diputado tiene "capacidad de incidencia y negociación" y solicitó su desafuero "con la premura y firmeza del caso".
El fiscal ante la Cámara Federal, Germán Moldes, calificó al ex ministro de Planificación Federal
Julio De Vido como "gran tramoyista de las inversiones de la obra
pública" y pidió su detención, previo desafuero como diputado de la
Nación.
Lo hizo en la causa en la que De Vido y otras 35 personas fueron
citadas a indagatoria por el juez federal Luis Rodríguez por la presunta
defraudación millonaria en la puesta en marcha de la mina de carbón de Río Turbio, en Santa Cruz.
Moldes basó su pedido en un fallo de la Cámara Federal en el que a
principio de mes sostuvo que las detenciones de los imputados se debían
valorar analizando el entorpecimiento de la causa "derivadas del
mantenimiento del poder público y/o sus influencias". Para el fiscal De
Vido se encuentra en esa situación.
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"No
hace falta saber leer debajo del agua para entender que el único de los
imputados que hoy puede considerarse en posesión de vinculaciones con
´el poder público y sus influencias´ se llama Julio M. de Vido, hoy
parapetado tras la protección que le brindan sus fueros parlamentarios", señaló Moldes en un dictamen al que accedió Infobae.
El dictamen del fiscal ahora deber ser resuelto por la Cámara.
El pedido de detención se suma a las malas noticias judiciales que De
Vido recibe desde la salida del kirchnerismo del gobierno en diciembre
de 2015, después de 12 años de inmunidad judicial.
El próximo miércoles De Vido comenzará a ser juzgado por la tragedia
ferroviaria de Once y está procesado en varias causas como las
irregularidades en la obra pública que recibió el empresario detenido
Lázaro Báez, la compra de trenes chatarra a España y Portugal, la no
renovación de los contratos ferroviarios, entre otras. Además, sus
abogados renunciaron ayer a seguir defendiéndolo en todas las causas.
De Vido sostiene que sufre una persecución judicial ordenada por el gobierno de Mauricio Macri.
El macrismo ya intentó expulsar a De Vido de la Cámara de Diputados pero no obtuvo los votos necesarios.
El fiscal Carlos Stonelli pidió a principios de julio la indagatoria y detención de 23 personas por la
presunta defraudación al Estado de 264.935.123 de pesos destinados a la
reactivación de la mina de carbón de Yacimientos Carboníferos Río
Turbio (YCRT).
Sobre De Vido, Stornelli pidió su previo desafuero a la Cámara de
Diputados ya que como legislador tiene inmunidad de arresto. Entre los
otros pedidos de detención estaban los del ex secretario de Minería Jorge Mayoral, el ex subsecretario de Coordinación Roberto Baratta, el ex coordinador general del Ministerio Jaime Álvarez, del actual intendente de Río Turbio, Atanacio Pérez Osuna,
y de ex funcionarios de YCRT, de la Universidad Tecnológica Nacional
(UTN) y de la Fundación Regional Santa Cruz de la universidad,
organismos que participaron del manejo de los fondos.
El juez Rodríguez rechazó el pedido porque sostuvo que ninguno de los
imputados incurría en las causales que se prevén para ordenar
detenciones: que haya peligro de fuga o de que entorpezcan la investigación. El magistrado agregó que todavía quedaba prueba pendiente por realizar antes de resolver un llamado a indagatoria.
Por otra parte, Rodríguez le otorgó la exención de prisión a cinco
acusados, entre ellos Pérez Osuna y Baratta, bajo palabra. La medida les
asegura la libertad mientras el caso se investiga.
Stonelli apeló y la causa llegó a la Sala II de la Cámara Federal. A
principio de mes y por mayoría el tribunal le ordenó al juez Rodríguez
volver a examinar su postura teniendo en cuenta la gravedad de la
maniobra que se investiga y los riesgos sobre los acusados.
Con ese fallo, Rodríguez
citó a indagatoria a 36 personas a partir del próximo 3 de octubre y
hasta el 28 de noviembre, fecha en la que fue convocado De Vido.
Además el juez volvió a rechazar la detención de los acusados pero les
prohibió la salida del país, les ordenó que entreguen sus pasaportes y
que se presenten una vez por mes en el tribunal. Sobre los acusados con
exención de prisión les impuso una fianza de 100 mil pesos.
Pero Stornelli volvió a apelar. Primero objetó la caución de 100 mil
que se le impuso a quienes recibieron las exenciones de prisión. Y ayer
hizo lo propio sobre el resto de los acusados.
El fiscal Moldes dictaminó sobre las exenciones de prisión. Sostuvo que
con las medidas que tomó el juez Rodríguez de prohibición de salida del
país, entrega de pasaporte y la obligación de presentarse en el
tribunal todos los meses "mejoró el cuadro de garantías" y redujo los
riesgos de una posible fuga.
Pero Moldes fue más allá. Señaló que la causa tiene "una suerte de
marcha en dos velocidades que ensombrece su correcto avance" por la
"diferencia status que inevitablemente traza una línea divisoria entre
los imputados" y que "redunde en una desgradable sensación que haría
pensar en la existencia de réprobos y elegidos".
Y apuntó a la situación de De Vido. Señaló que la Cámara Federal diferenció entre los acusados en quienes tienen una posición con beneficios "derivadas del mantenimiento del poder público y/o de sus influencias".
Para Moldes el único de los acusados al que le cabe esa referencia es
al ex ministro de Planificación Federal de Néstor y Cristina Kirchner.
"No
queremos que, curiosamente, las cosas terminen sucediendo al revés y
nos quedemos con el mediomundo lleno de mojarritas y el tiburón nadando
en aguas abiertas", sostuvo Moldes en referencia al peso político De Vido.
Así, el fiscal dictaminó que "es
imperioso adecuar y agilizar los procedimientos que la Constitución
Nacional prevé para lograr un efectivo sometimiento a proceso y, en su
caso, la eventual restricción efectiva de la libertad del único imputado
actualmente en el ejercicio de poder político (por su condición de
diputado nacional) y con acceso a la capacidad de incidencia y
negociación que tan alta función le habilita".
Concretamente, Moldes requirió que se "arbitren los medios necesarios para insistir
con su desafuero ante la Cámara que actualmente lo cobija, lo que
deberá hacerse con la premura y firmeza del caso ya que estamos ante una
situación criminal acreditada y que se caracteriza como acto de
corrupción administrativa".
También agregó como argumento la situación de De Vido en las restantes causales judiciales en las que está "sindicado
como una suerte de primus inter pares (NdA: el primero entre iguales,
en latín) en el gabinete nacional y gran tramoyista de las inversiones
en obra pública".
La Real Academia Española tiene tres definiciones para la palabra
tramoyista: persona que inventa, construye o dirige tramoyas de teatro;
persona que las coloca, las hace funcionar o trabaja en las mutaciones
escénicas; y persona que utiliza ficciones o engaños.
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