La Casa Rosada busca lograr compromisos para la ley jubilatoria

Es el corazón de las reformas; dice que los gobernadores deben apoyarlo en el Congreso

Domingo 12 de noviembre de 2017

Laura Serra

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LA NACION

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La Casa Rosada busca lograr compromisos para la ley jubilatoria. Foto: Archivo

El quid de la cuestión es la reforma previsional del Gobierno: del ahorro que se genere con el ajuste trimestral por inflación de las jubilaciones y pensiones dependerá el éxito de la reforma tributaria, del nuevo pacto fiscal con las provincias y la consiguiente reducción del déficit, la obsesión del presidente Mauricio Macri . El Gobierno buscará que los mandatarios provinciales se comprometan públicamente con los cambios previsionales; sabe que, de lo contrario, su aprobación será más ardua en el Congreso.

La reforma laboral también tendrá un paso complicado por el Congreso si el Ministerio de Trabajo y la CGT no alcanzan un principio de acuerdo. La semana próxima será clave en las negociaciones luego de que la central obrera anticipara, el jueves pasado, su rechazo a varias modificaciones a la ley de contrato de trabajo que pretende el Gobierno. En esta pulseada, la CGT tiene como aliado al jefe del bloque de senadores del PJ, Miguel Pichetto , quien aseveró, tajante, que sin el consenso de la central obrera no habrá reforma laboral posible.
Pichetto posee la llave para la aprobación de las leyes en el Senado y hasta ahora, lejos de poner palos en la rueda, ha mostrado buena predisposición hacia las reformas que plantea el Gobierno. Incluso la previsional, aunque no lo dice con todas las letras todavía. Antes esperará que los gobernadores de su partido la suscriban públicamente. El tema no es sencillo: de prosperar el mecanismo de ajuste por inflación de las jubilaciones y pensiones que administra la Anses, los jubilados percibirían un aumento menor al que cobrarían si se mantuviera vigente la actual fórmula de la ley de movilidad jubilatoria. El ahorro estimado sería de unos 50 mil millones de pesos anuales.

La magnitud de este ahorro explica por qué para el Gobierno es absolutamente crucial que el Congreso apruebe la reforma previsional. Los gobernadores, a priori, estarían dispuestos a dar su visto bueno, confirmaron a LA NACION fuentes cercanas a los mandatarios provinciales y del oficialismo. Comprenden que, sin estos ingresos, el Estado no estará en condiciones de realizar las compensaciones a las provincias y a la Anses comprometidas en la reforma tributaria y en el nuevo Pacto Fiscal que negocia con las provincias.
"Esta prórroga del Pacto Fiscal implica la necesidad de modificar la fórmula previsional -admitió Pichetto en TN-. Yo tengo una visión compleja del sistema previsional: hoy la relación de activos y pasivos es totalmente asimétrica en virtud de las sucesivas moratorias y los blanqueos, y este error del Gobierno con la ley de Reparación Histórica, que aumentó en 1,2 % el déficit fiscal. Hoy el sistema funciona sólo con el financiamiento del Estado. La fórmula de la movilidad jubilatoria fue positiva, hay que decirlo, pero hay que evaluar si es sostenible en el tiempo y si los jubilados que aportan toda la vida pueden tener previsibilidad jubilatoria. El tema requiere un abordaje serio, no soluciones facilistas desde lo políticamente correcto, porque así no habrá acuerdo fiscal ni se podrá solucionar el déficit fiscal".

Los gobernadores, sin embargo, se muestran renuentes a avalar públicamente una iniciativa que, saben, conlleva un alto costo político. No tardarán sus detractores en denunciar que los jubilados serán "la variable de ajuste" de las reformas del Gobierno. Será la bandera que agitarán kirchneristas y massistas en el Congreso.
Las espadas oficialistas ya enviaron un mensaje al Gobierno. "Que los gobernadores firmen la reforma previsional y que también se hagan cargo del costo político. De lo contrario, vamos a tener problemas para sancionar el proyecto. Incluso dentro de nuestro bloque", advirtieron.
El Gobierno ya tiene decidido enviar la iniciativa previsional al Senado. Confía en que allí, con el aval de los gobernadores, se aprobará sin dificultades. Además, al ser cámara originaria, podrá neutralizar los cambios que eventualmente le introduzca la oposición en la Cámara de Diputados.
Respecto de la reforma laboral, el problema se presenta más complejo. El ministro de Trabajo, Jorge Triaca, se muestra confiado en las negociaciones que mantendrá con los representantes de la central obrera la semana próxima, anticiparon fuentes oficialistas que hablaron con él.
Tal como adelantó LA NACION, son 14 puntos del proyecto los que más resistencia generan entre los sindicalistas. Algunos de ellos son: la intención de reducir el cálculo para el pago de las indemnizaciones; la modificación del artículo 4 de la ley de Contrato de Trabajo, para establecer un "valor social compartido" e igualar los derechos y las obligaciones del empleador y del empleado; la creación de la figura del "trabajador autónomo económicamente dependiente", que preste servicios personales para una empresa o persona física hasta en un 80% de sus ingresos anuales, excluyéndolo del régimen del contrato de trabajo y remitiendo a una regulación estatutaria especial. La CGT también rechaza la exclusión del régimen del Contrato de Trabajo de los "trabajadores independientes y sus colaboradores", creando una zona de exclusión de la ley laboral para quienes trabajen para otros (alienta a las tercerizaciones, apuntan los dirigentes gremiales).
"Contra lo que nos había prometido el Gobierno, nos encontramos con una reforma integral que modifica la ley de Contrato de Trabajo. Esto no lo vamos a discutir. El Gobierno avanza con una flexibilización con los mismos argumentos de la década de los 90. No vamos a votar nada que perjudique a los trabajadores", enfatizó el diputado Facundo Moyano (Frente Renovador).