Cristóbal López está prófugo y es buscado por la Policía
Lo
decidió el juez Ercolini en la causa por defraudación al Estado por no
pagar a la AFIP unos $ 8 mil millones. Ya fue detenido Fabián De Sousa.
También fue procesado Ricardo Echegaray.
El juez Julián Ercolini procesó con prisión preventiva a Cristóbal López y Fabián De Sousa, dueños del Grupo Indalo, por defraudación al Estado, por no pagar a la AFIP,
durante el gobierno de Cristina Kirchner $ 8.000 millones, que
correspondían al impuesto a los combustibles. Les dictó, además, un
embargo por 17 mil millones de pesos. Por la misma causa, el magistrado
también procesó sin prisión preventiva al ex titular de la AFIP Ricardo Echegaray. De Sousa fue detenido luego de una serie de allanamientos
efectuados por Gendarmería en distintos edificios de la zona de Puerto
Madero. Allí es donde reside López, quien no fue encontrado en su
domicilio. Por ese motivo, el juez Ercolini dictó una orden de captura para el empresario K, que es buscado en todo el país por la Policía. Carlos Beraldi,
abogado del empresario K, hizo un pedido de eximición de prisión para
sus defendidos --también asesora a De Sousa--, pero el magistrado recién
se expedirá mañana al respecto.
Fabián de Sousa, socio de Cristóbal López. (Foto: Gustavo Castaign)
La causa
La causa inició el 16 de marzo de 2016 con una denuncia de la diputada Elisa Carrió,
en la que señaló que las anteriores autoridades de la AFIP permitieron a
Oil Combustibles SA (OCSA) "no abonar en tiempo y forma" el ITC y el
"uso indebido del dinero para capitalizar las demás sociedades" del
Grupo Indalo. Mirá también
La denuncia sostuvo que parte del dinero recaudado "fraudulentamente
se destinó a satisfacer los retornos de los ex mandatarios Néstor y
Cristina Kirchner, sus empresas y sociedades". Mirá también
Ante
tales acusaciones, el juez Ercolini indagó a los 21 imputados, entre
ellos López, De Sousa, Echegaray y Ángel Toninelli, entre los
principales y ordenó un inhibición general de bienes
sobre todas las sociedades que integran el Grupo Indalo. Después de un
sinuoso recorrido de la investigación, la Cámara de Casación hace un mes
decidió que el juez de la causa debía seguir siendo Ercolini, ya que el
mismo había declarado incompetente al considerar que se estaba ante un
delito tributario.
El expediente, para la Casación debía investigarse como un hecho de corrupción. Así, el magistrado decidió procesar a los dueños del Grupo Indalo y ordenar su prisión preventiva.
Cristóbal López y Fabián De Sousa realizaron para Ercolini, "un aporte imprescindible" al a maniobra defraudatoria, "junto a su consorte de causa Echegaray, al aportar la estructura societaria necesaria para beneficiarse ilegítimamente" del dinero que correspondía al Impuesto a los combustibles.
El
magistrado consideró que los dueños de Indalo "tenían el dinero para
hacer frente al pago" del impuesto a los combustibles "en tiempo y
forma" pero que optaron por "acogerse sistemáticamente a diversos planes de pago -que fueron concedidos irregularmente por la AFIP".
Ricardo Echegaray también fue procesado, pero sin prisión preventiva. (Pedro Lázaro Fernández)
Es decir que López contó "con la venia" del ente recaudador y sólo pagó 7 de los 55 períodos fiscales investigados,
a "sabiendas de que le serían concedidos sistemáticamente beneficios de
pago y así evitar el cobro compulsivo de esas obligaciones".
De
esta manera, OIL se acogía a los planes de la AFIP "plagados de
irregularidades" , como ser la ausencia de revisión de cumplimiento de
las condiciones en las que fueron otorgados los planes, y "la laxitud en los controles dirigidos hacia la empresa en cuestión". Y Ricardo Echegaray "convalidó estos trámites" cuando "no correspondía". Mirá también
Así,
los empresarios K "se beneficiaron al recibir, a través de Oil, de
modo sistemático y deliberado" -por parte de Echegaray- "planes de
facilidades de pago vinculados al ITC". Esos fondos se utilizaron "indebidamente y en beneficio propio" para capitalizar a las demás sociedades de Indalo en perjuicio del Estado.
Por ello, Ercolini procesó a Echegaray como autor del delito de administración fraudulenta, por "violar sus obligaciones como funcionario dado que omitió controlar el pago en tiempo y forma de las obligaciones relativas al ITC y el adecuado otorgamiento de los planes de facilidades de pago -generales y especiales-, lo que sucedió sistemática y deliberadamente".
Esta maniobra permitió que López y De Sousa "financiaran a otras sociedades de su propio grupo empresario, obteniendo así un beneficio económico indebido".
El juez Ercolini encontró responsable a Echegaray como ex titular de la AFIP de haber "otorgado de manera irregular y en forma consistente, sistemática y deliberada, mediante
la inobservancia de los deberes inherentes a su cargo" los planes de
pago -especiales y generales- a Oil Combustibles SA, en los períodos
fiscales de mayo de 2013 a agosto de 2015.
Las
acciones en las que incurrió Echegaray permitieron que Oil SA "no
pagara el impuesto mencionado en tiempo y forma" y que dichos fondos "se
utilizaran indebidamente y en su propio beneficio para capitalizar a las demás sociedades del grupo económico". Mirá también
EL
perjuicio contabilizado contra el Estado fue millonarios: $ 8.000
millones. A la fecha, según la actual gestión del ente fiscal, la deuda de López asciende a más de 10.000 millones de pesos, contabilizando intereses y punitorios.
Para el juez los planes otorgados a López y De Sousa por la AFIP kirchnerista, eran "irregulares": "carencia de documentación anexada que acredite la situación de crisis económica y financiera alegada, y no especificaría el monto a devengarse por cada empresa, ni por qué tributos".
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