La creación de un clima destituyente

Joaquín Morales Solá

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LA NACION

Domingo 17 de diciembre de 2017

En la temprana mañana del jueves, día en que se realizó la reunión frustrada de la Cámara de Diputados, hubo escraches. Pintadas, carteles y pasacalles con insultos y amenazas adornaban el entorno de las casas de los diputados peronistas que iban a votar las reformas económicas. La operación para tumbar la sesión había comenzado. Desde el miércoles, la izquierda trotskista, los movimientos sociales y algunos sindicatos (sobre todo los estatales de ATE Capital, los bancarios y los empleados de la Anses, todos gremios kirchneristas) habían desquiciado la vida de la ciudad.

El clima que crearon todos ellos, funcionales a los intereses judiciales del kirchnerismo, fue claramente destituyente. Destituyente de las instituciones o de Mauricio Macri. Es lo mismo. El Presidente expresa la estabilidad o la debilidad de las instituciones. En los próximos días se jugarán el destino de esas leyes y la suerte institucional del país.

El presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó, fue destituido de hecho cuando un grupo de diputados kirchneristas, liderados por el increíble Leopoldo Moreau, lo dejó sin micrófono, que es el único instrumento que tiene para poner orden en el recinto. La Cámara se quedó acéfala durante minutos interminables, avasallada por la anarquía y el caos. Monzó había sido agredido antes en una emboscada también kirchnerista. Diputados de esa facción política denunciaron que había colegas en la puerta del edificio que no podían entrar. Monzó; Nicolás Massot, presidente del bloque de Pro, y el director de Ceremonial de la Cámara bajaron hasta la puerta de ingreso. Cuando salieron a la calle estaban efectivamente varios diputados kirchneristas, pero rodeados por algunos violentos que agredieron físicamente a Monzó. Cuando este volvió a ingresar a la Cámara, los diputados se fueron con los manifestantes. No querían entrar. Estaban Máximo Kirchner, Eduardo "Wado" De Pedro, Mayra Mendoza y Andrés "Cuervo" Larroque, entre otros. La presencia de Máximo confirma que la estrategia fue aprobada por su madre, Cristina Kirchner.
El operativo de desestabilización comenzó dos días antes cuando boicotearon la reunión de la comisión de Previsión y Seguridad Social, que preside Eduardo Amadeo. Desde temprano, los agentes de seguridad de la Cámara advirtieron que estaban ingresando al edificio dos o tres personas por cada diputado kirchnerista. Al final, unos 20 manifestantes golpearon a la custodia de la Cámara e ingresaron brutalmente. Amadeo acordó entonces con Agustín Rossi que los asistentes serían 20 y que habría cinco oradores por la sociedad civil. Rossi no cumplió ningún acuerdo y la reunión tuvo el sesgo escandaloso, con cerca de setenta manifestantes, que sólo preanunció un posterior desenfreno mayor en el recinto del cuerpo. No obstante, la comisión de Amadeo logró aprobar el proyecto de reforma previsional.

El kirchnerismo está asustado. Su jefa, más que nadie. Si el juez Claudio Bonadio había puesto a Cristina en las puertas de la cárcel, el gobierno de Irán la empujó hacia detrás de las rejas. El documento oficial del gobierno iraní dio cuenta de que las negociaciones con la administración de Cristina Kirchner trataron sobre el levantamiento de las circulares rojas de Interpol, que posibilitan la detención de seis jerarcas del régimen de Teherán en cualquier lugar del mundo. El gobierno de Irán consideró en su carta que esas circulares ya no tienen vigencia. El acuerdo fue aprobado por los dos gobiernos y por los dos parlamentos, asegura, lo que conlleva una novedad: nunca antes se había sabido que el parlamento iraní aprobó el memorándum. El no levantamiento de las circulares rojas, y la supuesta ausencia de ese tema en las negociaciones, fue (y es) el principal argumento de la defensa cristinista. Irán derrumbó el argumento.
La izquierda y los movimientos sociales (aunque estos hablan todo el tiempo con Carolina Stanley) prefieren la destitución del Presidente que seguir tolerando su ideología. Existe una enorme aversión política e ideológica hacia el Gobierno y existe también -por qué negarlo- cierto odio por la extracción social de Macri. Prefieren ser funcionales a la creación de un clima de destitución del kirchnerismo que seguir tolerando a un Gobierno que detestan. Algunos hasta intentaron colgarse de la sotanas del Papa, pero la Conferencia Episcopal Argentina, que ahora sí expresa cabalmente al Pontífice, puso las cosas en su lugar. El único camino es el diálogo y la no violencia, dijo, y repudió la brutalidad que impidió la sesión de la Cámara de Diputados. Pidió también tener en cuenta la situación de los más desfavorecidos y la de los jubilados. Esa es la posición eterna de Bergoglio.

La presencia de las fuerzas de seguridad era necesaria. La intención de gran parte de los manifestantes era tomar la sede del Congreso y destruirla. Los diputados heridos por balas de goma o afectados por el gas pimienta se metieron entre los manifestantes. Los gendarmes no pueden distinguir en esos momentos de extrema tensión entre legisladores y revoltosos, cuando ambos son la misma cosa. Una mayoría social esperaba atemorizada, además, ver la presencia del Estado en una ciudad sitiada por el descontrol y el delirio. ¿Es necesario, acaso, que le prendan fuego al edificio del Congreso para que se considere oportuna la intervención de las fuerzas de seguridad? Fueron injustas las críticas y los insultos que recibieron legisladores oficialistas por defender la acción de los gendarmes. Era el Estado o la anarquía.
El clima de desestabilización se creó sobre un paquete de leyes, la reforma previsional entre ellas, que se redactó después de largas negociaciones y amplios acuerdos con todos los gobernadores y con senadores, que incluían, desde ya, a los peronistas. El Gobierno que lo promovió acaba de ganar, hace menos de dos meses, la tercera elección nacional consecutiva. La última encuesta le dio un aumento de siete puntos en su imagen positiva, aun después de los episodios de Villa Mascardi en la Patagonia (donde murió un joven), del naufragio del submarino y de los primeros escarceos por la reforma previsional. Los que instrumentan la desestabilización son una clara minoría. La izquierda, que arañó el 4 por ciento de los votos en las últimas elecciones. El cristinismo, que apenas superó el 20 por ciento de los votos nacionales y perdió con su jefa la provincia de Buenos Aires.
La operación se repitió también en ese distrito. Algunas medidas de ajuste de María Eugenia Vidal le sacaban plata sólo a la política. Unos 2500 millones de pesos a la Legislatura. En La Plata hay sólo 136 legisladores: 90 diputados y 46 senadores. Gastan una inexplicable fortuna desde hace años. Otros 600 millones de pesos se ahorrarán por la eliminación de cargos políticos. Los empleados del Banco Provincia, que cobran jubilaciones dos o tres veces mayores que el resto, deberán jubilarse a la edad en que se jubilan casi todos los argentinos. ¿Qué injusticia social se cometió? ¿Dónde está la insensibilidad? La Legislatura provincial fue ocupada y la sesión boicoteada tal como sucedió en la Cámara de Diputados de la Nación.
Mañana no será un día tranquilo. Es probable que los gremios cristinistas saquen más gente a la calle. El Gobierno creyó que el no discurso sobre el tema previsional lo sacaría de la discusión pública. El vacío no existe en política. El discurso fue al final ocupado por el tremendismo cristinista, que describe a un Macri fusilando jubilados en la Plaza de Mayo. El descalabro del sistema jubilatorio es obra del cristinismo, que tomó ahora el tema como pretexto para desestabilizar al Presidente.
Macri no es De la Rúa ni la situación de hace 16 años es la misma de ahora. El kirchnerismo, la izquierda, el massismo y los sindicatos (siempre dispuestos a desestabilizar a los gobiernos no peronistas) han creado un clima ficcional de desestabilización, pero no por ello menos grave. El triunfo o el fracaso de ese proyecto demencial se resolverá en las próximas horas. La derrota de los rebeldes depende del peronismo serio y democrático. Y también de la capacidad del Gobierno para apagar pacíficamente el fuego de la sublevación.