La Cámara Federal también pidió la detención de Cristina Elisabet Kirchner por el Memorándum con Irán
La Cámara Federal también pidió la detención de Cristina Elisabet Kirchner por el Memorándum con Irán
Los camaristas Irurzun y Farah ratificaron la decisión de Bonadio. La medida no se hará efectiva hasta que el Senado no apruebe el desafuero de la ex presidenta/s3.amazonaws.com/arc-wordpress-client-uploads/infobae-wp/wp-content/uploads/2017/12/06145223/cristina-kirchner-delia-zannini-esteche.jpg)
Los camaristas Martín Irurzun y Eduardo Farah también pidieron la
detención de Cristina Elisabet Kirchner. Lo hicieron al confirmar la
decisión del juez Claudio Bonadio quien procesó con prisión preventiva a
la ex presidente y a otros ex funcionarios del gobierno anterior por
considerar que cometieron delito al firmar el Memorándum de
Entendimiento con Irán por el Caso AMIA. La causa se inició por la
denuncia del fallecido fiscal Alberto Nisman. La detención de la ex presidenta no se hará efectiva hasta que el Senado decida avanzar con su desafuero.
Los jueces avalaron la decisión de Bonadio en cuanto al delito de encubrimeinto agravado y mantuvieron las prisiones preventivas que había dictado el juez.
Es decir que sigue vigente el pedido de desafuero ante el Senado para
la detención de la ex presidente y las prisiones para el ex Canciller
Héctor Timerman, el ex secretario Legal y Técnico Carlos Zannini, y del
piquetero Luis D´Elía, Fernando Esteche y Jorge Youssef Kahlil.
Para los camaristas en la causa se investiga "un plan criminal con
entidad suficiente para que los ciudadanos iraníes identificados como
responsables de la voladura de la AMIA pudieran sustraerse de la acción
de la justicia -mediante el otorgamiento a Interpol de herramientas
suficientes para que las notificaciones de índice rojo que pesaban
respecto de los ciudadanos iraníes perdieran virtualidad- y para
liberarlos de toda responsabilidad penal por dichos hechos -mediante la
creación de una Comisión de la Verdad- y a través de esta, introducir
una hipótesis alternativa".
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Los delitos por los cuales fueron confirmados los procesamientos son
los de estorbo de un acto funcional, abuso de autoridad y encubrimiento
agravado . No confirmaron la calificación que había establecido Bonadio respecto del delito de traición a la Patria.
La discrepancia con Bonadio por el delito de traición a la Patria, se
basó en que para los camaristas ese ilícito requiere de una situación de
guerra y que la " declaración de guerra –por acto formal o mediante
acciones determinadas- es confiada por la Constitución Nacional a los
poderes políticos, que tienen reservada cualquier decisión relativa a su
iniciación y duración. Esa materia resulta ajena a cualquier injerencia
o análisis de los Tribunales de Justicia…Siendo todo es así, el caso no
encaja en la calificación discernida, pues aún si se entendiera
comprendido el atentado terrorista contra la sede de la AMIA en el
concepto de "agresión" (idea ampliamente desarrollada por el magistrado
de primera instancia), lo cierto es que la respuesta de los poderes
políticos argentinos no fue bélica".
Uno de los principales cuestionamientos de los procesados al fallo de
Bonadio fue que el Memorándum con Irán era una cuestión política no
judiciales. Irurzun y Farah dijeron que: "Lo pactado no versa, no se
refiere, ni está relacionado al ejercicio de las facultades que le son
privativas al Poder Ejecutivo con arreglo a lo prescripto por la
Constitución Nacional, sino todo lo contrario. Según la hipótesis
acusadora, mediante aquél, determinados representantes de ese poder del
Estado utilizaron esa atribución formal para inmiscuirse en una materia
de la competencia de otro, pues según el diseño constitucional
republicano (art. 1 de la CN), le correspondía exclusivamente a los
magistrados del Poder Judicial de la Nación, en todas sus instancias, el
conocimiento y decisión de las causas que, como la que refiere al
atentado de la AMIA-DAIA, tienen por objeto la averiguación de la
verdad, de las responsabilidades penales y la aplicación de la ley en
relación a un crimen federal cometido en su territorio".
Y agregaron: "El Memorándum suscripto entre autoridades de la República
Argentina e Irán el 27 de enero de 2013 es un punto central de los
cargos formulados a los procesados, porque es la vía a través de la cual
buscaron y consiguieron dar la ayuda que se habían propuesto, por fuera
de los objetivos que públicamente se declaraban y que esgrimieron ante
el Congreso de la Nación. Su letra, sus implicancias y sus efectos son,
por lógica, indicios preponderantes a la hora de examinar las
pruebas.Pero la imputación no empieza ni termina ahí. El tenor y alcance
de los hechos se comprende si se los analiza en conjunto con las
maniobras que –se endilga- transcurrieron antes, durante y después de la
firma del acuerdo. Aquellas llevaron a presumir la puesta en marcha de
negociaciones no transparentadas por parte de representantes formales
del Poder Ejecutivo y extranjeros (en un contexto de cambio de postura
oficial coherente con los verdaderos designios de esas reuniones), así
como el montaje de una suerte de aparato paralelo de comunicación entre
quienes oficiaban como portadores de los mensajes de prófugos y
encubridores. En pocas palabras: lo pactado tuvo una parte escrita, cuyo
análisis, así como el de otros aspectos –como los antecedentes
invocados para lograr su aprobación- deja ver mucho de su falta de
correspondencia con pautas de la Constitución e incluso con la finalidad
alegada. Pero es cuando se sabe todo lo que se intentó no dejar
registrado –que no se conocía cuando se aprobó el pacto en el Parlamento
ni cuando se declaró su inconstitucionalidad.-, que se comprende por
qué y cómo se firmó lo que se firmó. Cualquier evaluación sobre la
relevancia penal del asunto que prescinda de ello, es incompleta".
En relación al supuesto espía Alan Bogado los jueces tuvieron por
desistida la apelación porque el abogado defensor no se presentó a
sostener el recurso ante la Cámara y por eso quedó firme su
procesamiento.
El 7 de diciembre, Bonadio dictó el procesamiento con prisión
preventiva de Cristina Kirchner y pidió su inminente desafuero al Senado
de la Nación. La resolución fue dictada en la causa iniciada a raíz de
la denuncia del fiscal fallecido Alberto Nisman por encubrimiento del
atentado a la AMIA.
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