A Carlos Zannini no le queda mucho como encarcelado.
La Cámara de Casación Penal podría tomar una decisión antes del fin de
la feria judicial. O después. En el primer caso fallarían los jueces
Eduardo Riggi y Angela Ledesma. Más adelante la responsabilidad recaería
en los magistrados titulares: Carlos Mahiques, Liliana Catucci y Juan
Carlos Gemignani. En cualquier circunstancia, será revocada la prisión preventiva
contra el ex secretario general del kirchnerismo en la causa por el
Memorándum de Entendimiento con Irán. Esa prisión fue dictada por
Claudio Bonadio y confirmada por los jueces de la Cámara Federal
porteña.
Zannini continuará procesado e investigado
por el delito de encubrimiento a favor de cinco iraníes acusados del
atentado contra la AMIA que dejó 85 muertos. En esa causa también
permanece procesada y con pedido de desafuero para su detención Cristina
Fernández. ¿Podría variar su situación como la de su ex candidato a
vicepresidente? Improbable. Casación no hallaría
riesgos para la marcha de la investigación en la posible liberación de
Zannini. La ex presidenta se desempeña, en cambio, como senadora.
Mantiene resortes de poder e influencias que podrían entorpecer.
Casación
se colocaría, de ese modo, en una línea similar a la que adoptó la
Cámara Federal cuando hace pocas semanas liberó a Amado Boudou en la
causa por enriquecimiento ilícito. Su detención, con un despliegue
policial y de filmaciones llamativos, había sido ordenada por el juez
Ariel Lijo. En todos los casos, los jueces invocaron un pronunciamiento
del camarista Martín Irurzun que emitió específicamente para el caso de
Julio De Vido, sobre la validez de la preventiva cuando se presuma en
riesgo la investigación. La intención de ordenar los procedimientos judiciales cuenta con el aval de la Corte Suprema.
Pero tampoco significaría una masiva marcha atrás con las detenciones
de una veintena de ex funcionarios kirchneristas enmadejados en causas
de corrupción. Muchos se interrogan, por ejemplo, qué sucederá con
Lázaro Báez, que en abril próximo cumplirá dos años de detención sin
condena firme. Un resquicio que permitiría a sus abogados defensores
reclamar la libertad. Pero el juez Sebastián Casanello ya elevó a juicio
oral, aún con fecha incierta, la causa sobre la ruta del dinero K
(millones evadidos en obras públicas) que involucra, entre muchos, al
empresario patagónico y sus cuatro hijos. Esa situación hará que Casanello prolongue un año más aquella prisión preventiva.
Los
ajustes judiciales, que en el caso del pacto con Irán no beneficiarán
ni al piquetero Luis D’Elía ni al ex Quebracho, Fernando Esteche,
podrían servir en forma temporaria al relato que suele agradar a
Cristina y a su tropa. Apunta a que todo se trata de una persecución política.
Maquinada por Mauricio Macri. Aunque el primero de esa cofradía que
pudo ver de nuevo la luz y la calle asomó bastante prudente. Boudou hizo
hincapié, sobre todo, en que el Poder Judicial se habría excedido en
sus facultades.
El vacío dejado por el ex vicepresidente
fue cubierto por los dirigentes sindicales. Para muchos de ellos –no
todos—también existe una campaña antisindical. Nunca
refieren, por mínimo pudor, ni a Omar “Caballo” Suárez, ni a Jorge
“Pata” Medina, ni a Humberto Monteros y Marcelo Balcedo, el gremialista
al que sólo en Uruguay se le incautaron US$ 7 millones ocultos. El
problema son Hugo y Pablo Moyano. Por sospecha de lavado de dinero entre
el gremio de camioneros y la empresa postal OCA, de su propiedad. Intervienen la AFIP, la UIF y la Procelac. Hay además otra imputación como máximos directivos de Independiente.
Hugo Moyano, por Sabat.
La
investigación en el club podría desnudar una trama de negociados entre
los directivos y barrabravas. Asociación ilícita, tipificó la fiscal
Viviana Giorgi, de Lomas de Zamora. Es como derivación de los dichos del
jefe de los malandras, Pablo “Bebote” Alvarez. Uno de los tantos
entuertos causa perplejidad: sólo en la final de la Copa Conmebol, que
Independiente obtuvo, se habrían revendido 19 mil entradas con un
beneficio aproximado de US$ 1 millón. No se conoce cómo habría sido la repartija entre dirigentes y barras brava.
Las
supuesta campaña denunciada por el kirchnerismo y sindicalistas, de a
poco emparentados en el teatro político, empezaría a trasuntar costados
débiles. La corrección de ciertas prisiones preventivas es uno de ellos.
¿Cómo es que el Gobierno permite tales decisiones? ¿Cómo entenderlo si
ejerciera, como aducen los K y gremialistas, un control férreo sobre los
jueces? ¿Cómo admitirlo, por otra parte, cuando el Gobierno ha
perdido buena parte del capital cosechado en las elecciones por la
reforma previsional, la marcha de la economía y sus propias
inconsistencias en el campo de la transparencia pública?
Aquella
maquinación que kirchneristas y sindicalistas le adjudican no parece
verosímil. Porque Cambiemos transita una política judicial que muchas
veces pareciera rehén de sus internas. Lijo hizo lo que hizo con Boudou
en defensa propia. Para ganar en el consenso público lo que estaba a
punto de perder en el Consejo de la Magistratura. Allí tiene dos
manchas. Una denuncia pone en jaque cierta validez de su patrimonio. La
otra revela la perezosa gestión en causas de corrupción durante el ciclo
kirchnerista. El juez hará el descargo cuando se reanude la feria
judicial. Es factible que zafe porque existen amigos del poder que lo protegen. Daniel Angelici, el mandatario de Boca Juniors, es uno de ellos. Cambiemos posee mediadores extravagantes.
Otro
que cayó en la picota es Daniel Rafecas. El Consejo de la Magistratura
aprobó a fin de año una citación al magistrado para que haga su descargo
por “sentencia fraudulenta”. Rechazó sin abrirla la denuncia del fiscal
Alberto Nisman contra Cristina por el pacto con Irán. Podría constituir
el prólogo de un juicio político y una destitución. Pero seguramente
no. Rafecas dará explicaciones y es posible que el pleito se salde con una sanción.
Una multa o quita de su sueldo. Como el Consejo kirchnerista le aplicó
alguna vez a Bonadio. Quizás haya otro par de jueces que tengan menos
fortuna que Lijo y Rafecas. El primero sería Rodolfo Canicoba Corral,
por enriquecimiento ilícito y nepotismo. Tiene familiares designados en
todos lados. También trastabillaría Ana María Figueroa, de la Sala I de
la Cámara de Casación Penal. Recae sobre ella la causa por dádivas
recibidas por De Vido en sus tiempos de ministro.
Tales
duplicidades del Gobierno se terminaron por transformar en un búmeran
después de escándalos propios. El verdadero detonador fue Jorge Triaca.
Pero hay en desarrollo otros episodios turbios. Cambiemos está dividido sobre la suerte del ministro de Trabajo.
El macrismo lo sostiene todavía a rajatabla. La voz de Marcos Peña, en
ese aspecto, es la de Macri. Pero sus socios radicales y de la Coalición
(Elisa Carrió) resultan menos contemplativos. Se amparan, dentro de los
tres puntos del problema, en uno sólo para inclinarse por el despido de
Triaca: la designación de la ex empleada doméstica, Sandra Heredia,
dentro del staff de la intervención en el Sindicato de Obreros Marítimos
Unidos (SOMU). Un pecado inexplicable.
Ese
error atentaría contra una de las vigas del discurso oficial. Aquel que
pregona la existencia de un tiempo nuevo en materia de anticorrupción.
De transparencia. Ayudaría, como contraposición, al libreto que se
encarga de agitar el kirchnerismo. Que todos en el poder son éticamente más o menos iguales. Que la única verdadera distinción entre el pasado y el presente sería, tal vez, el color amarillo y la suelta de globos.
El
peligro de esa semejanza trae aparejadas consecuencias. Las críticas
del Club Político Argentino es una de ellas. La entidad, conformada por
intelectuales y personalidades públicas congregadas para oponerse en su
tiempo al kirchnerismo antes que ser incondicional al Gobierno,
cuestionó seriamente el suceso Triaca. Incluso la que llaman “política de mano de seda con la burocracia sindical”.
Allí conviven radicales y lilistas. También activó a la Oficina
Anticorrupción que conduce Laura Alonso. Una funcionaria que tiene
coincidencias con Carrió y Margarita Stolbizer. No por una cuestión de
género.
Alonso tomó en sus manos el caso del ministro de
Trabajo. Aunque tiene otra cuestión espinosa. Las denuncias contra el
ministro de Agroindustria, Luis Etchevehere. Ex titular de la Sociedad
Rural. Ese hombre debe declarar el 27 de febrero en Entre Ríos por una
denuncia por lavado y vaciamiento de una empresa. Aseguran fuentes
judiciales que podría no salir bien parado. La Oficina Anticorrupción también confecciona un dictamen severísimo.
En esa dependencia se libran, por otra parte, pequeñas batallas. Alonso se quejaría por reticencias del Poder Ejecutivo.
Ejemplo: los informes de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN)
han empezado a derivar hacia las manos de Fernando Sánchez, el nuevo
secretario institucional de la Jefatura de Gabinete. La OA también
trabaja en el decreto del PEN para obligar a los caciques sindicales a
que hagan públicas las declaraciones patrimoniales. La iniciativa
vendría perdiendo fuerza. Quizás por algún tráfico de influencias.
Alonso fue visitada por Sandro Taricco, el nuevo Superintendente de
Servicios de Salud. Se interesó por el estado de aquella decisión.
Es lógico que frente a esa realidad el sindicalismo se sienta temeroso. Macri tampoco podría ser indiferente a la falta de pulcritud que reviste su poder. Copyright Clarín 2018.-
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