Casación podría meter nuevamente preso a López
La Cámara cambiaría nuevamente la carátula de la causa.
Cristóbal López y su socio Fabián de Souza fueron liberados el mes pasado por orden de la Cámara Federal. También habían cambiado la carátula de la causa, lo que flexibilizaría sus penas en caso de ser encontrados culpables.
Concretamente, habría cierta seguridad de que Riggi y Hornos apoyarían la postura del Gobierno, es decir, que los empresarios vuelvan a la cárcel. Cabe mencionar que el caso aún no llegó a Casación.
Por su parte, el Gobierno dejó muy claro que no aprueban el cambio de carátula y la liberación. Sin embargo, sí se le permite a López continuar explotando las máquinas tragamonedas del Hipódromo y del casino de Puerto Madero.
Cabe recordar que Cristóbal López quedó acusado del delito de evasión fiscal. Antes del cambio de carátula, el juez federal Julián Ercolini había ordenado su detención y la de su socio por defraudación al Estado, en el marco de la causa en la que están acusados de evadir $8 mil millones de pesos del impuesto a los combustibles a través de su empresa OIL.
Ambos estaban procesado con prisión preventiva porque se creía que podían llevar adelante maniobras para entorpecer la investigación.
Ercolini, además había procesado al ex titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, por considerarlo autor del delito que se le imputa también a los empresarios. A los tres imputados se les había trabado un embargo de diecisiete mil cuarenta y dos millones quinientos nueve mil seiscientos noventa y dos pesos ($17.042.509.692). Por su parte, para el juez, López y De Souza habían sido partícipes necesarios del delito de administración fraudulenta agravada por haberse cometido contra una administración pública.
Según la acusación, ahora en cuestión, la maniobra delictiva comenzó en mayo de 2011, cuando Oil Combustibles comenzó su operatoria. Durante más de cuatro años la AFIP -comandada por Echegaray- a través de diversas irregularidades, habría permitido que la compañía de López no pagara el impuesto a los combustibles líquidos. Los empresarios utilizaron ese dinero en forma indebida para capitalizar a las demás sociedades del grupo Indalo tornando de esta manera incierto el cobro de la deuda que mantienen con el Estado Nacional.
Cristóbal López y su socio Fabián de Souza fueron liberados el mes pasado por orden de la Cámara Federal. También habían cambiado la carátula de la causa, lo que flexibilizaría sus penas en caso de ser encontrados culpables.
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Sin
embargo, trascendió que los camaristas de Casación, Eduardo Riggi y
Gustavo Hornos, volvería a imputar a los empresarios por defraudación al
Estado, y no solamente por evasión fiscal. Por su parte, hay dudas por
el posible voto de la tercera jueza: Ana María Figueroa.Concretamente, habría cierta seguridad de que Riggi y Hornos apoyarían la postura del Gobierno, es decir, que los empresarios vuelvan a la cárcel. Cabe mencionar que el caso aún no llegó a Casación.
Por su parte, el Gobierno dejó muy claro que no aprueban el cambio de carátula y la liberación. Sin embargo, sí se le permite a López continuar explotando las máquinas tragamonedas del Hipódromo y del casino de Puerto Madero.
Cabe recordar que Cristóbal López quedó acusado del delito de evasión fiscal. Antes del cambio de carátula, el juez federal Julián Ercolini había ordenado su detención y la de su socio por defraudación al Estado, en el marco de la causa en la que están acusados de evadir $8 mil millones de pesos del impuesto a los combustibles a través de su empresa OIL.
Ambos estaban procesado con prisión preventiva porque se creía que podían llevar adelante maniobras para entorpecer la investigación.
Ercolini, además había procesado al ex titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, por considerarlo autor del delito que se le imputa también a los empresarios. A los tres imputados se les había trabado un embargo de diecisiete mil cuarenta y dos millones quinientos nueve mil seiscientos noventa y dos pesos ($17.042.509.692). Por su parte, para el juez, López y De Souza habían sido partícipes necesarios del delito de administración fraudulenta agravada por haberse cometido contra una administración pública.
Según la acusación, ahora en cuestión, la maniobra delictiva comenzó en mayo de 2011, cuando Oil Combustibles comenzó su operatoria. Durante más de cuatro años la AFIP -comandada por Echegaray- a través de diversas irregularidades, habría permitido que la compañía de López no pagara el impuesto a los combustibles líquidos. Los empresarios utilizaron ese dinero en forma indebida para capitalizar a las demás sociedades del grupo Indalo tornando de esta manera incierto el cobro de la deuda que mantienen con el Estado Nacional.
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