Aborto: ¿para qué país está pensada la ley?
Lenin de Janon Quevedo
Si bien la Argentina está calificada por la Organización Mundial de la
Salud (OMS) como confiable en sus registros de causas de muerte materna,
el debate sobre el aborto devino en una sucesión de opiniones
personales sin el sustento empírico imprescindible para las políticas de
salud. El resultado fue un proyecto de ley que, en mi opinión, es
impracticable. Sortearé objeciones sustanciales y me limitaré a
comentarlo desde la óptica de quien ofrece cuidados de salud en el
ámbito público.
El proyecto que deberá votar el Senado no salda la deuda que tenemos con la salud pública.
Sus supuestos banalizan la idea de indicación médica y de
morbi-mortalidad, exponiendo a los más vulnerables. El consentimiento
informado deja de ser un proceso y se pierde la intimidad de la relación
paciente-médico. Los plazos son incompatibles con el funcionamiento del
hospital público e inducen a omitir recaudos; y el acceso menoscaba la
calidad de los cuidados.
Primero, el aborto inducido como causal de muerte materna fue
sobredimensionado por estimaciones metodológicamente observadas,
convirtiéndolo en un asunto de resolución urgente vía modificación del
estatus legal. Sin embargo, los reportes del Ministerio de Salud no
aluden a la legalidad como factor determinante de las muertes;
concordando con la robusta evidencia científica que no encuentra
asociación causal entre legalidad y descenso de mortalidad. E incluso,
con la misma OMS que incentiva el aborto. Los reportes enfatizan en la
asistencia sanitaria, el saneamiento, la nutrición y las condiciones
socio-económicas; mismos que han sido estrategias de desarrollo de la
salud pública y coincidido con la experiencia internacional que demostró
que la mortalidad desciende con el acceso y la profesionalización de
los cuidados del embarazo, el parto y el puerperio; la inversión en
educación de la mujer; el acceso al agua potable y el alcantarillado; el
control de la fecundidad y la disminución de la violencia contra la
mujer.
Esta ley no apunta a las causas obstétricas que en los últimos 12 años
disminuyeron solo un 1%, y son las que generan más muertes. Tampoco
resuelve las emergencias asistenciales, como hemorragias y sepsis, que
crecieron 13% y 86% respectivamente, dando cuenta de la falta de
prevención y tratamiento oportuno, es decir, de calidad. En los hechos,
el aborto inducido es la causa de muerte n° 70 en las mujeres y como tal
ha descendido un 46% en estos 12 años. Mientras dos de cada cinco
mujeres fallecen por una enfermedad cardiovascular, y una por algún
tumor; la política enfocó a lo que genera una pérdida en casi un millón
de mujeres (0,0014‰).
Toda
vida vale. Pero la responsabilidad de administrar recursos públicos
exige prioridades. Estas deben establecerse de forma transparente, justa
y abierta a la revisión. Seremos injustos con el resto de causas, hoy eclipsadas por la altisonancia del aborto.
Segundo, el Proyecto incrementa los riesgos de personas vulnerables que
excepcionalmente se acercan al sistema de salud. Estas son: poblaciones
rurales, adolescentes o que subsisten por debajo de la línea de
pobreza. El hospital público los incorpora y retiene a través del
seguimiento posparto. Pero, al desaparecer el motivo de consulta, estas
personas volverán a la exclusión. Claro que no hay que estar embarazada
para tener controles, pero las cifras anuales identifican a más de
cuarenta mil mujeres que viven alejadas del sistema y se acercan solo
momentos antes de dar a luz.
Tercero, los supuestos del proyecto desconocen indicaciones y
contraindicaciones. ¿Qué hay de aquellas que jamás serán candidatas por
no adherir a prescripciones o no poder cumplir controles? El aborto
farmacológico no es inocuo. En países desarrollados mueren de 7 a 30
personas cada cien mil eventos. Los supuestos también permiten abortar
después de la semana 14, cuando el riesgo aumenta 40% por semana; en
tanto que luego de la 20 las posibilidades de perder el útero son muy
altas y la mortalidad excede los 52 casos en cien mil.
Cuarto, el proyecto confunde prudencia con dilación. El consentimiento
se toma luego de que la información sea completa, pues quien recibe la
práctica debe conocer bien su estado de salud, qué se hará, qué se
espera, los riesgos, las alternativas y qué pasaría de no hacerse la
práctica. El consentimiento es, con garantía de la ley, un proceso sin premura y omisión de recaudos.
Quinto, las contraindicaciones absolutas parecieran pasar
desapercibidas. El aborto no puede realizarse cuando hay anemias;
enfermedades hematológicas, hepáticas y renales; insuficiencia
suprarrenal y más situaciones que para descartarlas se necesitan
estudios que demoran más de los cinco días de plazo. Basta mencionar que
en la Maternidad Sardá un tercio de las embarazadas no acuden a
controlarse por falta de turnos; y en los hospitales públicos del
Conurbano, el 25% de los usuarios debe esperar más de dos meses para
conseguir un turno.
De nada sirve sustituir profesionales y abaratar costos, sin reconocer
que el verdadero problema es que tres de cada cinco embarazadas no
tienen otra opción más que el medio público. Que en los sectores de más
bajos ingresos, tres de cada cinco individuos carecen de cobertura de
salud. Que las personas pobres desconocen su salud porque van tres veces
menos al médico y seis veces menos al dentista. Que tienen un 30% más
de enfermedades crónicas y perciben su salud como regular a mala, a
razón de cuatro veces más que las personas de mejores ingresos. Por
ello, comunicar alcances, consecuencias y riesgos de postergación ya en
el primer contacto, como versa el texto, sería un error con
consecuencias graves.
Aun así, pretendemos imitar al norte civilizado. Y más allá de esta falacia de autoridad, olvidamos
que esos países invierten en salud entre el 9% y el 15% de su PBI; el
100% de sus partos son atendidos por profesionales y despenalizaron el
aborto luego de vivir más de veinte años con una mortalidad materna en
torno a los 17 puntos. La Argentina invierte en salud del 5% al
7% de su PBI; más de diez mil niños nacen anualmente sin cuidados
profesionales; seis de cada diez maternidades públicas no cumplen con
las condiciones obstétricas y neonatales esenciales y la meta del
milenio de bajar la mortalidad a 13 puntos para el 2015 no pudo
concretarse, siendo la actual de 33,7. Cifra que el norte desarrollado
dejó atrás antes de 1950 y sin aborto despenalizado.
Salvo que se quiera suplantar al hospital público, ¿para qué país está
pensada esta ley? Temo que no esté pensada para donde tres de cada cinco
no pueden elegir, ante el imperio de la opción única.
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