Arrepentidos de Comodoro Py, ¿algo que ver con los quebrados de la ESMA?

La caprichosa apelación a los “derechos humanos” le sirvió al kirchnerismo para deslegitimar todo lo que se le oponga y justificar cualquier abuso por él mismo cometido. Ahora pretende usarlos para presentar a una Justicia por fin capaz de superar su impotencia como una amenaza para los derechos individuales y la democracia.

Por Marcos Novaro

Última modificación 26/08/2018, 11:54hs.

Compartir en FacebookCompartir en Twitter

Cristina Kirchner recibió un revés de la Cámara de Senadores y se aprobó su liderazgo de Unidad Ciudadana)

La comparación entre arrepentidos y secuestrados fue incluida en el discurso de la ex presidente en el Senado y antes y después de eso la vienen repitiendo sus seguidores y dirigentes de los organismos de derechos humanos.
La idea es que la presión sobre los acusados que ejercen Bonadio y los fiscales de la causa de los cuadernos para que confiesen y colaboren es el equivalente de la tortura en las mazmorras que controlaba el almirante Massera en los años setenta. Y por tanto, que no sólo se están violando garantías del debido proceso, como por ejemplo que nadie puede declarar en su contra, sino que los testimonios así recogidos no tienen ningún valor, porque las víctimas de esos abusos van a decir cualquier cosa que los interrogadores quieran que digan, con tal de zafar.
“¿Alguien le puede creer a un arrepentido?”, se preguntó Cristina, tratando de deslegitimar los testimonios de los empresarios de la obra pública y, lo que es cada vez más necesario y urgente, los de sus anteriores colaboradores, que empezaron hace menos tiempo a romper el pacto de silencio que protegía a sus líderes, pero se contagian unos a otros también a gran velocidad.
Veamos la cuestión con detenimiento. ¿Cuándo es más confiable esta gente a la que se acusa de una amplia variedad de delitos contra el erario público, cuando guardaba silencio y negaba todo, o cuando reconoce al menos parcialmente lo que hizo? Cristina y los suyos obviamente necesitan sembrar sospechas sobre esas confesiones, por su propio interés, y están en su derecho de hacerlo. Y necesitan sobre todo negar que haya existido hasta hace poco algo así como un “pacto de silencio”. Pero homologar la “presión” y las “recompensas” que les plantean desde el juzgado a los acusados con la tortura inhumana de los grupos de tareas procesistas es ir demasiado lejos.
Según esa analogía los acusados por los cuadernos estarían a merced de un poder omnímodo, y serían víctimas de manipulaciones y amenazas sin límites. Tal vez más sutiles que la picana, pero también abusivas. De allí que estén dispuestos a “cantar”: acusarían hasta a su misma madre.
Pero si observamos lo que en concreto está pasando en el juzgado, salta a la vista que se trata de dos situaciones diametralmente opuestas. En la ESMA se destruyó todo rasgo de humanidad y todo principio de Justicia, y se volvió gracias a eso la máxima expresión entre nosotros del poder sin límite y de la negación del derecho. En cambio la investigación de los cuadernos es por lejos la mejor expresión de lo que debe y puede ser nuestro sistema judicial en democracia: una acción bien planificada, eficaz sin dejar de ser respetuosa de las normas vigentes, y para que esto esté garantizado sometida a controles cruzados, por parte de abogados defensores, la Cámara de Casación y la Corte, y bajo la atenta observación de la prensa y la sociedad. ¿Qué más se puede pedir? Si debe ser la primera vez en mucho tiempo que estamos frente a funcionarios de la Justicia que parecen capaces de superar sus tradicionales deficiencias, hacer su trabajo y brindar frutos concretos en un caso que involucra a los más poderosos de entre los ricos y los políticos del país. ¿No es acaso todo lo contrario de lo que sucedió bajo el Proceso?
Por primera vez la investigación avanzó antes que el escándalo estallara. Eso fue decisivo para poner a la defensiva y en la incertidumbre a decenas de grandes empresarios y ex funcionarios. Sólo después y a partir de la solidez de las acusaciones en su contra fue que se echó mano a la ley del arrepentido y los “acuerdos de colaboración”, que de todos modos tanto el juzgado interviniente como otras instancias de la Justicia van a poder revisar, y eventualmente anular si los arrepentidos mintieron. ¿Cuándo la Justicia argentina hizo las cosas tan rápido y tan bien?
Bueno, precisamente ese es el problema de Cristina, de sus seguidores y de los organismos de derechos humanos. Lo que están pidiendo es que deje de hacerlo, porque no pueden soportar semejante eficacia e independencia judicial.
Todos ellos necesitan que la Justicia siga siendo tan impotente como la dejaron en 2015. Cuando a los únicos que condenaba era a ladrones de gallinas, sí, a los pobres por los que supuestamente se rasgan las vestiduras, y a ex militares devenidos hace tiempo parias por los que nadie levanta un dedo, ni siquiera en los casos en que sí eran violados sus derechos al debido proceso.
Que la Justicia no siga siendo el primo bobo ni el cófrade cómplice de los poderosos en nuestro país es más importante aún que castigar a los corruptos de la era K. Y para eso es imprescindible que deje de dar risa o pena y empiece a meter miedo en los delincuentes de guante blanco. Que encima lo haga sin violar sus derechos debe ser ya por demás insoportable para esa gente, y es lógico que la novedad les caiga mal. Con un poco de tiempo y de suerte, podrán acostumbrarse.