Si la decisión se confirma quedarían fuera la causa testimonios claves de Uberti y Wagner.
El juez Claudio Bonadío le mandó este viernes por la noche a la
abogada María Bourdin un “resumen” de la causa de los cuadernos para que
lo comunique a través de la página de Centro de Información Judicial
(CIJ), un organismo que responde a la Corte Suprema.
Publicidad
La
decisión de Bonadío impactó fuerte en tribunales, porque el “resumen”
que filtro el juez da por hecho que se procesará a los involucrados,
mediante el poco ortodoxo mecanismo de anticipar una decisión tan
delicada mediante un comunicado de prensa y sin que los abogados
defensores todavía puedan acceder a tramos críticos del expediente.
En los tribunales coinciden en que Bonadío hasta ahora se venía
manejando con un cuidado que no había tenido en causas previas, para
evitar nulidades que derriben la causa como pasó en el caso Skanka, en
la que también actuó el fiscal Carlos Stornelli. Hasta ahora la objeción
mas seria que enfrenta el expediente es el muy probable forum shopping
inicial, que sigue sin recibir una explicación consistente por parte de
Bonadio y Stornelli.
Pero más allá de la bronca que generó el resumen, el punto que por
estas horas miran con más atención los tribunales superiores que deberán
revisar lo actuado -según se desprende del texto del CIJ- es que
Bonadio decidió que la investigación se corte retroactivamente en 2008.
En la minuta cedida al CIJ el juez menciona a Cristina Kirchner como
jefa de una asociación ilícita y sostiene de manera explícita que la
investigación se concentrará en los hechos ocurridos entre los años 2008
y 2015, cuando los acusados “procuraron la percepción de sumas de
dinero ilegítimas, por parte de diversos particulares, muchos de ellos,
empresarios contratistas de la obra pública del Estado Nacional”.
Afirman que la actitud de Bonadio con Rocca definirá la “integridad” de la causa
A priori, el corte desata dudas sobre qué valor tendrá ahora la
declaración de Claudio Uberti, conocido como el ex “embajador paralelo”
en Venezuela que fue aceptado como arrepentido e integró el gobierno
hasta 2007, cuando protagonizó el escándalo de la valija de Antonini
Wilson.
Ex titular del Órgano de Control de Concesiones Viales (OCCOVI) y
hombre clave por aquellos años del equipo de Julio de Vido, declaró ante
el fiscal Carlos Stornelli que desde la esfera más alta del
poder estaban “al tanto” del traslado de los bolsos con dinero (ver
declaración). En su testimonio detalló con mucha precisión los sucesivos
pagos de coimas que realizó Techint a través de Luis Betnaza y también
involucró en el pago de sobornos al fallecido empresario José Relats,
operador a través de su hija del elegante Hotel Los Sauces del Calafate,
proyecto personal de la ex presidenta.
Ambos hechos se produjeron en el 2007, por lo que la decisión del
juez dejaría fuera de esta causa tanto a Betnaza como a Héctor Zabaleta,
con la curiosidad que ambos confesaron la veracidad de los hechos
relatados, como así también hizo el propio Paolo Rocca en una
incomprensible declaración pública ante todo el establishment argentino y
el propio presidente Macri en un encuentro de la Asociación Enpresaria
Argentina (AEA), que hasta ahora no motivó ninguna acción del juzgado.
Extracto del resumen de la causa que Bonadío envió a la Corte Suprema donde se anticipa el corte temporal de la investigación.
Otro testimonio clave fue el de Carlos Wagner, el ex presidente de la
Cámara Argentina de la Construcción que mencionó a varias empresas en
el circuito de las coimas y por eso podría salpicar incluso a la familia
del Presidente. Habló de un sistema que empezó en 2003 de mesas de
cartelización y reparto de obra pública en base al pago de coimas, del
que ya en 2004 participaba Iecsa. En ese entonces, la firma no estaba a
nombre de Ángelo Calcaterra sino de la familia Macri.
Aparentemente en esa época en el directorio de las empresas de la
familia del presidente estaban su hermano Gianfranco y Pablo Clusellas,
actual secretario Legal y Técnico y uno de los vínculos mas importantes
del Presidente con el Poder Judicial.
Hasta ahora Macri no ha aparecido interfiriendo en el avance de la
investigación, al punto que dejó que quede comprometido y ahora al borde
del procesamiento su primo hermano Angelo Calcaterra, uno de los
vínculos humanos más importantes del presidente.
Si es verdad, que tiene la información al detalle de lo que ocurre en
la causa a través de su secretario de Inteligencia, Gustavo Arribas y
su histórico operador judicial, el presidente de Boca, Daniel Angelici.
De hecho, como reveló LPO en exclusiva, ya lanzó advertencias a los
gobernadores peronistas sobre el riesgo que enfrentan sino acompañan su
programa de ajuste que deberá contener el presupuesto del año próximo.
Macri aprovecha los cuadernos para forzar a los gobernadores peronistas a acordar el ajuste
Algunos gobernadores habrían sido rozados por el testimonio José
López -cuyos trascendidos encendieron la alarma en funcionarios e
intendentes-. Tanto esa declaración como la de Juan Chediak, ex titular
de la Cámara Argentina de la Construcción y un empresario muy cercano a
Macri, están blindadas.
El fiscal Carlos Stornelli.
El CEO de Techint, Paolo Rocca, podría convertirse así en el
principal beneficiado del corte temporal que anticipó el texto que envió
Bonadio al CIJ. Se trata del único dueño de una empresa involucrada en
el pago de coimas al kirchnerismo que todavía no fue citado.
En tribunales creen que el esfuerzo que parece hacer el juez para que
la causa no toque al dueño de la empresa más importante del país
compromete la “integridad” de la casa y quedó muy en evidencia en una
filtración al diario Clarín de esta semana, en la que directamente se
anticipó que no se piensa convocar a Rocca ni al banquero Luis Ribaya,
ex directivo del banco Galicia y muy cercano a De Vido.
Comentarios
Publicar un comentario