La expresión del hartazgo ante una corporación política aislada
Joaquín Morales Solá
LA NACION
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Puede ser que una
multitudinaria marcha, como la que se reunió ayer en el
Congreso
, logre lo que no pudieron el sentido común ni la obligación
institucional de la mayoría de los senadores peronistas. Nunca son
buenos para un sistema republicano, en el que el pueblo gobierna a
través de sus representantes, los actos de democracia directa. Pero la
culpa no es de los manifestantes, que solo expresaron el hartazgo de
importantes sectores sociales ante la flagrante impunidad, sino de una
corporación política aislada de la sociedad, encerrada en el parloteo
ideológico, ajena a la certeza colectiva de que estamos ante el mayor
saqueo de recursos del Estado de que se tenga memoria. El Senado es una
institución corporativa por definición: ahí murió la reforma electoral y
ahí está por ser modificado el proyecto sobre extinción de dominio (la
recuperación por el Estado del dinero robado por funcionarios corruptos o
producto del narcotráfico o de cualquier actividad ilícita). Modificado
de tal manera que perdería su sentido original, porque la medida solo
podría aplicarse una vez que hubiera condena definitiva. Pueden pasar
décadas, entonces. Por ese tema, pero sobre todo por la increíble demora
del Senado en autorizar al juez
Claudio Bonadio
a allanar las tres casas de
Cristina Kirchner
, protestó anoche una enorme cantidad de ciudadanos comunes en las
puertas del Congreso. Acorralada por la perspectiva cierta de que el
Senado autorizará hoy a Bonadio a entrar en sus casas, Cristina Kirchner
entregó ayer virtualmente las llaves de sus propiedades. Habían pasado casi cuatro semanas desde que
el juez pidió autorización para allanarla. Tarde y mal, como siempre.
La marcha del 21A desde el drone de La Nación
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El artículo 69 estipula la inmunidad de arresto (salvo que el legislador sea sorprendido in fraganti en un acto criminal), pero el 70 señala que ante el requerimiento de un juez, y luego de evaluar las razones del magistrado, las dos cámaras del Congreso pueden sacarle los fueros a un legislador con el voto de los dos tercios del cuerpo para "ponerlo a disposición de su juzgamiento". Solo se necesita el pedido bien argumentado de un juez. Nada más. El supuesto precedente de que a un senador se le deben sacar los fueros solo después de una sentencia definitiva es una opinión del Senado, no un mandato de la Constitución. Es lo que corresponde si se mira bien el principio de la división de poderes. ¿Qué autoridad tiene el Senado para obstruir la acción de otro poder del Estado, el Judicial, al negarle la autorización para que allane las casas de uno de sus miembros, Cristina Kirchner en este caso, o lo ponga preso? ¿Por qué Cristina Kirchner tiene privilegios que no tendría un argentino común ante una investigación de la Justicia? ¿Justo ella, que siempre se describió (y se describe) perseguida por monumentales poderes económicos, tiene privilegios frente a poderosos empresarios que debieron enfrentar la cárcel o la confesión (o las dos cosas)?
En ningún párrafo de la Constitución se hace mención siquiera de las propiedades de los legisladores. Los fueros que supuestamente protegen sus casas son una creación de una corporación temerosa de que se descubran sus fechorías. Es el artículo de la ley reglamentaria de los fueros modificada después del escándalo de los sobornos en el Senado en el año 2000. Se progresó bastante con esa modificación, pero ese artículo que protege las propiedades de los legisladores es claramente inconstitucional. Otro juez (no Bonadio) y otros fiscales (no Carlos Stornelli ni Carlos Rívolo) deberían impulsar la declaración de inconstitucionalidad de ese artículo. Bonadio, Stornelli y Rívolo están demasiado expuestos a las recusaciones como para ser ellos los dueños de esa idea. Y si este caso tiene una virtud es que está en manos de tres magistrados que investigaron al cristinismo cuando el cristinismo era una deidad intocable. Debe consignarse que, además, el caso tiene como cámara de segunda instancia la sala presidida por el juez Martín Irurzun, otro magistrado intachable que creó la doctrina de que una razón para la prisión preventiva es el grado de poder que aún conservan los acusados y que, desde ese lugar de poder, pueden obstruir la investigación. Es lo que estuvo haciendo Cristina hasta que ayer la desbordó la realidad.
En ese contexto, la declaración ante Stornelli del exsecretario de Obras Públicas José López fue demoledora para el gobierno de los Kirchner y para la propia Cristina. Fue directamente volcánica. Por eso es un imputado bajo protección especial, no un testigo protegido. No podría serlo porque él también fue un eslabón decisivo en el robo masivo de los recursos públicos. El juez y los fiscales están analizando de qué manera separar en la amplia declaración de López lo que ya está siendo juzgado en un tribunal oral (los bolsos con nueve millones de dólares) y los nuevos aportes que hizo. Los magistrados están evitando que se impugnen las declaraciones de López por el principio de que nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo delito.
Otra cosa es Ernesto Clarens. Este financista se exhibió ante los fiscales como un simple "cambista" que convertía los pesos argentinos del latrocinio en dólares norteamericanos, que era la moneda preferida por el bolivariano matrimonio Kirchner. Clarens se paseó el viernes pasado, ante Stornelli, entre la confusión y la contradicción. Por eso, Bonadio no homologará su declaración. O dice la verdad o terminará entre rejas. Todos saben en los tribunales que él contribuyó a fugar dólares del país en nombre de los Kirchner. Una parte significativa del robo fue guardada en bóvedas en el sur del país; otra parte fue enviada al exterior cuando estas cosas se podían hacer fácilmente. Clarens es el que tiene las llaves de las transferencias al exterior. Un alto funcionario judicial describió así el papel de Clarens: "Nunca se estuvo tan cerca de saber dónde está gran parte del dinero robado".
Por:
Joaquín Morales Solá
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