Los cuadernos de las coimas: la estrategia de culpar a la política para evitar la cárcel
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Las investigaciones judiciales derivadas de los
cuadernos de las coimas
recién dan sus primeros pasos. Pero queda claro, ya, cuál será el
camino que intentarán recorrer los empresarios: dar ante la Justicia una
versión edulcorada de la historia que los proteja, reduzca al mínimo su
estancia en prisión y que les permita conservar, en lo posible, sus
negocios con el Estado.
Esa senda es la que ya empezaron a recorrer el ex presidente de Isolux Corsan en la Argentina,
Juan Carlos de Goycoechea, el otrora dueño de Iecsa
Angelo Calcaterra
y su mano derecha en esa constructora, Javier Sánchez Caballero, los
primeros empresarios de primer nivel de la Argentina que se acogieron a
la figura del arrepentido.
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Queda claro, ya, cuál será el camino que intentarán recorrer los
empresarios: dar ante la Justicia una versión edulcorada de la historia
que los proteja, reduzca al mínimo su estancia en prisión y que les
permita conservar, en lo posible, sus negocios con el Estado.
¿Por qué? Porque calcularon que de reafirmar su
inocencia, la Justicia podía hallarlos culpables del delito de cohecho
activo, que prevé una pena máxima de seis años de prisión. Es decir, de
cumplimiento efectivo.Pero no solo eso. Porque a esa primera figura del Código Penal podrían sumarse otras, a medida que la Justicia avanzara, algo por demás factible si otros empresarios se daban vuelta y colaboraban con los investigadores judiciales. Es decir, tal y como ocurre en el Lava Jato brasileño. El primero que confiesa, gana.
En ese contexto, De Goycoechea, Calcaterra y Sánchez Caballero decidieron tomar ellos la iniciativa y dar su propia versión de los hechos al juez federal Claudio Bonadio y al fiscal Carlos Stornelli , una versión en la que ellos no eran partícipes activos del delito, sino sus víctimas.
¿Qué implica eso? Que en el mundo ideal, esos empresarios -y los que puedan sumarse a partir de ahora- se ilusionan con que la Justicia avance por la figura de "exacciones ilegales" previstas en los artículos 266 y siguientes del Código Penal.
¿Qué establecen esos artículos? Una pena de hasta seis años para "el funcionario público que, abusando de su cargo, solicitare, exigiere o hiciere pagar o entregar indebidamente, por sí o por interpuesta persona, una contribución, un derecho o una dádiva". Pero ubica en el rol de víctima, sin pena alguna, para aquel que pagó o entregó esa dádiva. En este caso, de Goycoechea y Calcaterra.
En el mundo ideal, esos empresarios -y los que puedan sumarse a partir
de ahora- se ilusionan con que la Justicia avance por la figura de
"exacciones ilegales" previstas en los artículos 266 y siguientes del
Código Penal.
La jugada de victimizarse les ofrecería a los empresarios
dos posibles beneficios adicionales. El primero, callar sobre la
cartelización de la obra pública, con los consiguientes perjuicios
multimillonarios para las arcas públicas, es decir, los impuestos de los
contribuyentes. El segundo, acaso bloquear de algún modo las evidencias
comprometedoras del Lava Jato, sobre varios de esos mismos empresarios,
que llegará de Brasil tras la firma del demorado acuerdo de cooperación
entre los fiscales de ambos países.Sin embargo, la estrategia de De Goycoechea, de Calcaterra y de Sánchez Caballero -y de los empresarios que puedan seguirlos-, afronta algunos obstáculos. El primero, que de los cuadernos queda claro que no todo el dinero se destinó a financiar en negro campañas electorales. Entre otros motivos porque la recaudación ilegal también ocurrió durante los años pares, cuando las urnas permanecen guardadas. El segundo, porque la información que Brasil enviará a la Argentina mostrará a varios de esos empresarios en un rol activo.
Pero Sánchez Caballero la tendrá más difícil que los ex líderes de Isolux e Iecsa. ¿Por qué? Porque los delatores brasileños, como el ex vicepresidente para América Latina de Odebrecht, Luiz Antonio Mameri, lo identificaron como la voz cantante para las "propinas" en el proyecto por el tren Sarmiento.
El panorama del entonces presidente de la Cámara Argentina de la
Construcción, Carlos Wagner, es peor. Según los ex ejecutivos de
Odebrecht, él les comunicó con qué empresas debían asociarse para ganar
negocios en el país, a quién pagarle, cuándo y cuánto por cada obra
pública.
Peor aún se presenta el panorama para el entonces
presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, Carlos Wagner.
Según los ex ejecutivos de Odebrecht, Wagner les comunicó con qué
empresas debían asociarse para ganar negocios en el país y que él les
diría a quién pagarle, cuándo pagarle y cuánto pagarle por cada obra
pública.Nada que, en suma, debiera llamar demasiado la atención. Al fin y al cabo, Lázaro Báez , ya detenido, reclamó que la Justicia extendiera su investigación al resto de los empresarios que participó en la obra pública durante el kirchnerismo. La Cámara de la Construcción, dijo, "participó en la fijación de los presupuestos de cada una de las obras que se ejecutaron".
Por:
Hugo Alconada Mon
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