Otra mala noticia para Cristina Kirchner: pidieron elevar a juicio oral la causa Los Sauces
Los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques consideraron cerrada la etapa de instrucción en el caso que analiza un entramado de operaciones inmobiliarias para lavar dinero y cometer otros delitos/s3.amazonaws.com/arc-wordpress-client-uploads/infobae-wp/wp-content/uploads/2018/08/01010128/GettyImages-520903992.jpg)
La ex presidente Cristina Kirchner recibió dos malas noticias en el
plano judicial. Por un lado, el juez federal Claudio Bonadio volvió a
pedir su desafuero para detenerla, esta vez en una causa en la que se la
investiga como jefa de una asociación ilícita que recaudaba coimas de
la obra pública.
La segunda era previsible: los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio
Mahiques consideraron cerrada la etapa de instrucción y pidieron elevar a
juicio oral el caso Los Sauces, donde se investiga un entramado de
operaciones inmobiliarias para cometer diversos delitos.
Además de Cristina, Máximo y Florencia Kirchner, deberán sentarse en el banquillo de los acusados Romina Mercado, Cristóbal López, Fabián De Sousa, Osvaldo Sanfelice, Víctor Manzanares, Norma Abuin, Jorge Marcelo Ludueña, Ricardo Albornoz, Luciana Báez, Leandro Báez, Martín Báez,
Emilio Martin, Claudio Bustos, Martín Jacobs, Oscar Alberto Leiva,
Carlos Alberto Sancho, Rolando D'Avena, Marcelo Mazú, Raúl Avarese,
Lisandro Gauna y Mónica Romero.
Según los fiscales, durante la investigación se pudo corroborar
"la puesta en marcha y concreción de una estructura coordinada de
personas, con división de roles y permanencia en el tiempo por más de
doce años, que le permitió a sus responsables sustraer de las arcas
públicas miles de millones de pesos y luego con esos fondos iniciar un
camino de retorno de dichos fondos a través de distintos mecanismos de
lavado de dinero a favor de la ex familia presidencial".
Y especificaron: "La acusación fiscal se encuentra enmarcada en la
existencia y funcionamiento de una asociación ilícita de carácter
estable y permanente ideada con motivo de un acuerdo de voluntades entre
los ex Presidentes de la Nación, Néstor Kirchner y Cristina Fernández,
ex funcionarios públicos de distintas agencias estatales y otras
personas de su confianza, montada en base a una división de roles
definidos y estratégicos dentro y fuera de la estructura administrativa
del Estado, y sostenida ininterrumpidamente al menos desde el 8 de mayo
de 2003 hasta el 14 de diciembre de 2016, destinada a cometer múltiples
delitos para sustraer y apoderarse ilegítimamente y de forma deliberada
de millonarios fondos públicos".
"Para lograr sustraer los fondos del Estado, algunos de los miembros de
esta asociación, entre otros planes delictivos, escogieron a la obra
pública vial como uno de los medios propicios para obtener el dinero del
Tesoro Nacional; convirtieron en empresario de la construcción a Lázaro
Báez a quien habrían de enriquecer a lo largo de 12 años a expensas del
interés de la sociedad gracias a la asignación de obras por más de 16
mil millones de pesos; seleccionaron a la provincia de Santa Cruz como
el lugar en donde con la colaboración de funcionarios locales se
ejecutaría la matriz de corrupción; y acordaron generar un éxito
continuo y permanente del plan delictivo concertando sucesivos proyectos
perjudiciales para hacerse ilícitamente de los fondos públicos",
continuaron.
Los fiscales, además, señalaron que: "Los planes criminales llevados a
cabo por esta organización delictiva no se agotaban en la sustracción de fondos al Estado Nacional y en la concesión de beneficios exclusivos, sino que esta misma organización, con alguno de sus integrantes y la incorporación de nuevos, iniciaría una etapa posterior, en la cual una porción del dinero de los empresarios atravesaría el camino inverso en favor de Néstor Kirchner y Cristina Fernández, pero esta vez, ocupando otro rol, en una faceta privada, a través de la instrumentación de distintas maniobras, tales como el lavado de activos a partir de la actividad hotelera y el alquiler de propiedades".
cabo por esta organización delictiva no se agotaban en la sustracción de fondos al Estado Nacional y en la concesión de beneficios exclusivos, sino que esta misma organización, con alguno de sus integrantes y la incorporación de nuevos, iniciaría una etapa posterior, en la cual una porción del dinero de los empresarios atravesaría el camino inverso en favor de Néstor Kirchner y Cristina Fernández, pero esta vez, ocupando otro rol, en una faceta privada, a través de la instrumentación de distintas maniobras, tales como el lavado de activos a partir de la actividad hotelera y el alquiler de propiedades".
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