Todo señala a Cristina como jefa de la banda







Todo señala a Cristina como jefa de la banda


Joaquín Morales Solá
Joaquín Morales Solá LA NACION




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26 de agosto de 2018  
Cuando Cristina Kirchner dijo en el Senado que una homérica conspiración internacional trata de impedir su candidatura presidencial el año que viene, estaba diciendo algo más. Anunciaba que definitivamente será candidata presidencial. Avanzó en la monumental teoría conspirativa y se comparó con Lula, que es un candidato preso en Brasil. Será candidata, entonces. Pero ¿estará presa?
Las pruebas acumuladas por el juez y los fiscales en la causa caratulada "Fernández Cristina Elisabet y otros sobre asociación ilícita" justificarían ya su prisión preventiva, sobre todo porque conserva espacios de poder como para obstruir la investigación. La conspiración contra ella es un recurso trillado de los que no pueden explicar nada. O a Cristina le falta conocer muchas más cosas antes de denunciar una persecución. Cristina no sabe todavía, por ejemplo, todo lo que dijo José López, el que fue su todoterreno secretario de Obras Públicas, quien ya habló hasta cansarse (y cansar) ante el fiscal Carlos Stornelli y el juez Claudio Bonadio. Cuando se conozca la devastadora denuncia que ese hombre fundamental del régimen kirchnerista hizo ante los magistrados, al Senado no le quedará ningún margen para negarle el desafuero y mandarla presa.

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La investigación judicial estableció que Néstor Kirchner ideó un sistema de sobornos con todos los negocios del Estado que funcionó desde 2005 hasta su muerte, en 2010. Él era un hombre meticuloso que sabía el valor del dinero y que le dedicaba una pasión desenfrenada a conseguirlo y administrarlo. Cristina congeló el sistema durante dos años, desde 2010 hasta 2012, pero en este último año decidió reinstaurarlo usando las anotaciones de su marido en un cuaderno Arte (no Gloria, como se creía hasta ahora). No es contradictorio: construir semejante fortuna en tan poco tiempo no deja de ser un arte. El sistema estuvo vigente con Cristina hasta que ella dejó el poder, en diciembre de 2015. Aquel paréntesis de dos años construyó la imagen de una mujer que se había alejado (o no sabía nada) de los negocios espurios de su marido. Imagen que se instaló en la más destacada dirigencia política no kirchnerista. La realidad era otra. Ella hacía lo mismo que Néstor, pero de manera más desordenada y con menos conocimientos del mundo de los negocios. Empresarios y exempleados suyos han confesado ante la Justicia que Cristina estaba permanentemente al tanto de los sobornos que sus funcionarios cobraban.
Los investigadores judiciales se encontraron con una sorpresa: los porcentajes. Están llegando a la conclusión de que los empresarios mintieron cuando hablaron de coimas del 5 por ciento. La Justicia cree que, en el caso del transporte, pagaron un 30 por ciento de sobornos, otro 30 por ciento se lo quedaron los propios empresarios y mantuvieron el servicio con el 40 por ciento restante. Esta es la razón, por ejemplo, de que todo el servicio de ferrocarril haya sido un desastre durante el gobierno kirchnerista, no solo el Sarmiento, que terminó con la tragedia de Once. Hubo otros accidentes en otras líneas que, por la hora o el día, no tuvieron la repercusión ni la cantidad de víctimas del choque de Once. Un sagaz funcionario judicial, que nada tiene que ver con esta investigación, decía el viernes: "En todos los países del mundo los arrepentidos dicen la verdad ante la Justicia. Este es el único país donde los arrepentidos mienten". La conclusión es grave porque la ley del arrepentido se acaba de estrenar, y no sería un buen precedente que sirva para prolongar la impunidad. Aseguran que Bonadio y los fiscales Stornelli y Rívolo investigarán lo que dijo cada arrepentido para exponerlo luego ante el tribunal oral que en algún momento juzgará el caso. Lo que ellos digan será fundamental para que el tribunal atenúe o agrave las condenas.
Un caso paradigmático del arrepentido a medias es el del financista Ernesto Clarens, que se presentó por segunda vez ante los magistrados, pero no cambió su actitud. Retacea información, desliza nombres de otros culpables, se contradice, cambia las fechas. Nunca conformó ni al juez Bonadio ni al fiscal Stornelli. Su declaración no fue homologada todavía y difícilmente lo sea si no aporta más datos. Uno de los investigadores le preguntó si había contribuido a fugar los dólares de Daniel Muñoz, el exsecretario de Néstor Kirchner, que murió hace dos años. A Muñoz le encontraron propiedades por 65 millones de dólares en Miami. Clarens contó que una vez Muñoz le preguntó cómo hacer una sociedad offshore para manejar dinero en el exterior, pero que no avanzó más allá de una pregunta vaga y nunca volvió sobre el tema. ¿Es creíble? Clarens aseguró que Aldo Ducler era el financista que sacaba dinero de Néstor Kirchner al exterior. La estrategia es perfecta: Ducler y Kirchner están muertos, y los muertos no hablan ni la ley penal rige para ellos. Hay quienes están seguros de que Clarens fue una pieza importante para fugar al exterior unos 1000 millones de dólares. Clarens calla y protege.
Los investigadores creen que el monto de dinero que circuló entre coimas y sobreprecios es muy alto, pero que también una parte de esa plata se quedó en los recovecos entre empresarios, exfuncionarios que se hicieron ricos y los gastos de la política. La Cámpora o Justicia Legítima, por caso, fueron señalados por testigos como beneficiarios del dinero mal habido. Ellos desmienten o culpan a la CIA (Larroque dixit). Pero ¿qué otra cosa pueden hacer? ¿Autoincriminarse, acaso? Cierta dispersión del dinero de la corrupción sucedió sobre todo cuando ya la jefa del sistema era Cristina, menos experta que su marido en el férreo control del dinero de la corrupción. Nadie se explica cómo la familia Kirchner no hizo, con semejante cantidad de dinero, una empresa de la envergadura de Techint o de Arcor. "Tenían los reflejos de los inmigrantes italianos o españoles de los años 20 o 30 del siglo pasado: efectivo o bienes inmuebles", dice uno de los investigadores. Lázaro Báez, un testaferro del exmatrimonio presidencial, tiene 300 propiedades en el sur. Los investigadores también se sorprendieron por la tosquedad del método para robar. A Báez le dieron no menos de 35 obras en Santa Cruz. No hizo ninguna, pero se llevó toda la plata que costó cada una. El delito quedó al descubierto, demasiado vulnerable ante la primera investigación del latrocinio.
Regresemos a la primera pregunta. ¿Cristina irá presa? Depende de la decisión del Senado y este decidirá no por lo que dice ahora, sino por las pruebas que aporte el juez cuando procese a Cristina y, eventualmente, vuelva a pedir su desafuero para ponerla presa. El principio no escrito de que los senadores solo son desaforados cuando hay una sentencia definitiva es inconstitucional. El artículo 70 de la Constitución dice que cualquiera de las dos cámaras del Congreso deberá "examinar el mérito del sumario" en el caso de que un juez pida el desafuero. Con los dos tercios de los votos, la cámara podrá "ponerlo a disposición del juez para su juzgamiento". Este matiz es importante. El juzgamiento es anterior a la sentencia definitiva. Cuando existe una sentencia definitiva es porque el juzgamiento ya sucedió. Por lo tanto, Cristina está en condiciones de ser desaforada para ir a prisión si Bonadio lo pidiera por segunda vez. Ya pidió el desafuero y su prisión en el tramo inicial de la investigación de los cuadernos.
La sociedad está escéptica y desconfiada con esta causa. Una mayoría no cree que todos los acusados terminen presos y todavía un 30 por ciento de los consultados confía en la honestidad de Cristina. Coincide con el porcentaje de su imagen positiva. Con todo, llama la atención la respuesta a una pregunta de la consultora D'Alessio
Berensztein. Le preguntaron a la gente si prefería que termine la corrupción o que mejore la situación económica. Un 51 por ciento contestó que era mejor terminar con la corrupción y un 46 por ciento respondió que prefería que mejorara la situación económica.
Eso ya no es una grieta ideológica ni política. Es una crisis de valores expuesta casi obscenamente. Es una parte significativa de la sociedad que explica por qué se pudo robar tanto durante tanto tiempo.
Por: Joaquín Morales Solá

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