Cristina Kirchner fue procesada como jefa de una asociación ilícita que recaudaba coimas
El juez federal Claudio Bonadio procesó con prisión preventiva a la ex presidente pero dejó pendiente el desafuero hasta que la Cámara Federal confirme su decisión. La resolución alcanza a otros ex funcionarios y a empresarios/s3.amazonaws.com/arc-authors/infobae/98cabae9-cd6c-4bad-9762-98669d67d7f7.jpg)
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La
ex presidente Cristina Kirchner fue procesada por el juez federal
Claudio Bonadio en la causa judicial que se inició a raíz de las
revelaciones del chofer Oscar Centeno. El magistrado
consideró a la ex mandataria "jefa de una asociación ilícita" por
admisión de dádivas en 22 hechos y por cohecho pasivo en 5 hechos. Además, le dictó un embargo por cuatro mil millones de pesos.
El juez dictó la prisión preventiva de la ex presidente. Como es senadora, para que se concrete la detención a Cristina Kirchner deben quitarle sus fueros parlamentarios. Sin
embargo, el magistrado dejó pendiente el pedido de desafuero hasta que
la Cámara Federal revise la decisión que firmó este lunes, minutos
después de las 15. Si la Cámara confirma el procesamiento, entonces se pedirá el desafuero.
En la introducción de la resolución de más de 500 páginas, Bonadio
describe el funcionamiento de la asociación ilícita que sitúa entre los
años 2003 y 2015, durante los 12 años de gobierno kirchnerista. Para el
juez se "hizo funcionar una maquinaria que le sacaba con procedimientos
amañados dinero al Estado Nacional en detrimento de la educación, la
salud, los jubilados, la seguridad, que dejaba al pueblo más humilde sin
cloacas, sin agua corriente, sin servicios, sin transporte seguro,
etc., etc., y todo esto se hizo para distribuir coimas a funcionarios
corruptos a cambio que, por avaricia y codicia, ese selecto grupo de
empresarios también se llenaran los bolsillos mediante su participación
en licitaciones o concesiones, sosteniendo a posteriori un discurso
acomodaticio y cobarde, pretendiendo haber cedido a las presiones
oficiales, en bien de cuidar sus empresas y los puestos de trabajo de
sus empleados".
Bonadio señaló que: "Esta mecánica funcionaba más o menos así: para
ganar una obra pública, la explotación de un corredor vial, una
concesión de transporte ferroviario o ser beneficiado con la asignación
de subsidios al transporte automotor o empresas prestatarias de bienes y
servicios por cuenta y orden del Estado Nacional, una empresa o grupo
de empresas -UTE- entregaban un porcentaje de lo que el Estado Nacional
les pagaba, a los funcionarios que Néstor Carlos Kirchner y Cristina
Elisabet Fernández designaban para esos menesteres a fin de recibir esos
"retornos" o "coimas".
Y agregó :"Claro está que los fondos pagados por el Estado por esas
contrataciones estaban "inflados" en perjuicio del conjunto de los
argentinos y con el sólo objetivo de enriquecer ilícitamente a
funcionarios y empresarios corruptos. El producido de esos sobornos era
utilizado para sufragar de manera ilegal actividades de naturaleza
electoral, o vinculadas a la gestión política del gobierno y de
organizaciones satélites; también se determinó que partes de esos fondos
se desviaron para comprar voluntades del Poder Judicial o funcionarios
que supieron trajinar algún organismo vinculado a tareas de inteligencia
política; pero el grueso de esos fondos fueron destinados a engrosar de
manera espuria e ilegal, el patrimonio personal de quienes entre los
años 2003 y 2015 ocuparon los más altos cargos de la República".
En la resolución Bonadio también procesó a empresarios y a ex
funcionarios del Ministerio de Planificación del kirchnerismo como el ex
ministro Julio De Vido,el ex secretario de Obras Públicas José López y el ex subsecretario de Coordinación Roberto Baratta, señalado por Centeno- su chofer- como el encargado de la recaudación en bolsos.
De Vido y Baratta seguirán detenidos y López bajo el sistema de protección de testigos e imputados. También
fue procesado el chofer Oscar Centeno, quien escribió detalles sobre el
sistema de recaudación y declaró como arrepentido. Oscar Parrilli, ex
secretario general de la Presidencia y quien encabezó la Agencia Federal
de Inteligencia (AFI) en los últimos tiempos del kirchnerismo, también
está entre los procesados. Seguirán detenidos los ex funcionarios Rafael
Llorens, José María Olazagasti, Walter Fagyas, Hernán Gómez, Fabián
García Ramón y Nelson Lazarte.
Entre los empresarios-en representación de compañías importantes como
IECSA, Roggio, Esuco, Electroingeniería, Techint,etc- procesados,
se encuentran Aldo Roggio, Carlos Wagner, Angelo Calcaterra-primo del
presidente Mauricio Macri-, Gabriel Romero, Luis Betnaza, Juan Chediack,
, Sergio Taselli, Enrique Menotti Pescarmona, Gerardo Ferreyra, Néstor
Otero, Juan Carlos Lascurain, entre otros. Los empresarios fueron
procesados por dadores de dádivas y por casos de cohecho, es decir, por
pagar coimas a funcionarios públicos.Algunos de ellos, que declararon
como arrepentidos ante el fiscal Carlos Stornelli, fueron procesados sin
prisión preventiva. En tanto otros como Otero, Ferreyra y Lascurain,
por ejemplo, quedarán detenidos.
También fueron procesados-como integrantes de la asociación por haber
recibido dinero- el ex juez federal Norberto Oyarbide y al integrante de
la Auditoría General de la Nación Javier Fernández, ambos sin prisión
preventiva.
El juez les dictó falta
de mérito a los empresarios Jorge Guillermo Neira, Héctor Javier
Sánchez Caballero, Rodolfo Armando Poblete, Héctor Alberto Zabaleta,
Francisco Rubén Valenti y Osvaldo Antenor Acosta. Y sobreseyó a
Raimundo Peduto.
En la causa fue indagado también el ex Jefe de Gabinete del
kirchnerismo Juan Manuel Abal Medina, quien reconoció haber recibido
fondos provenientes del esquema de recaudación pintado por Centeno.
Bonadio no resolvió su situación procesal. Quedó en un apartado de la
causa en en el que se investiga el uso el dinero ilegal para las
campañas del Frente para la Victoria. Por esa razón fueron citados a
indagatoria los dirigentes José Ottavis, Eduardo De Pedro, Andrés
Larroque y el empresario Sergio Szpolski.
Otro de los indagados, a partir de los dichos de Centeno, fue el
empresario Jorge "Corcho" Rodríguez. Bonadio no resolvió su situación
procesal y declaró que la información hallada en su investigación debe
ser sumada a la causa en la que se investiga el pago de coimas por parte
de la empresa Odebrecht para el soterramiento del Ferrocarril
Sarmiento, que está a cargo del juez Marcelo Martínez De Giorgi.
Bonadio también declaró extinguida la acción penal por muerte para
Néstor Kirchner-a quien se lo consideró como uno de los que armó la
asociación ilícita- y a Daniel Muñoz, ex secretario privado del ex
presidente quien fue señalado por varios de los imputados como quien
recibía los bolsos con dinero.
El juez no dio por concluida la investigación, ya que el sistema de
recaudación detectado en la obra pública vial pudo replicarse en otras
áreas de la administración kirchnerista. El juez dijo que "Por lo tanto
en la medida que las hipótesis de investigación en las áreas de obra
pública, transporte, concesión de corredores viales, energía, subsidios
al transporte automotor o ferroviario y otras que se pudieran descubrir,
corroboren que en estos sectores se replicaban las mismas maniobras
corruptas, si bien cada una adaptada a sus propias características, es
que se reiterarán sucesivos autos de mérito a fin de determinar las
responsabilidades penales que en derecho correspondan de quienes desde
el sector empresario o en su carácter de funcionarios públicos actuaron
en detrimento de los intereses del pueblo y del erario público".
Los procesados tienen 48 horas para notificarse de los procesamientos.
La ex presidente tal vez lo haga mañana porque está citada por el juez
Sebastián Casanello a indagatoria en la causa conocida como "La Ruta del
dinero K". Los juzgados de Bonadio y Casanello quedan en el mismo piso,
separados por unos metros. Tal vez entonces la ex presidente haga los
dos trámites judiciales en una sola visita a Comodoro Py.
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