Cristina y los socios empresarios de su asociación Ilícita

La exmandataria ya se sabe que es considerada jefa de la asociación ilícita, De Vido y Baratta sus organizadores y el resto seguramente partícipes necesarios, pero el trato que se dispensará a los empresarios involucrados es incierto.

Por Marcos Novaro

Publicada: 16/09/2018, 09:06hs.

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Cristina Fernandez de Kirchner acompañada por el Presidente de la Cámara de la Construcción Carlos Enrique Wagner.

Como estamos muy atentos al dólar y demás pequeñeces, mucho no nos damos cuenta, pero está por pasar algo que realmente puede cambiar las cosas en nuestro país por largo tiempo.
En pocas horas más se develará un misterio: se conocerán en detalle las pruebas que Bonadío y los fiscales Stornelli y Rívolo han estado reuniendo en estos meses en la causa de los cuadernos y las acusaciones que plantean contra más de medio centenar de los más poderosos miembros de nuestras elites políticas y económicas. Y lo que ya es un fenomenal episodio judicial puede que se convierta en un terremoto para el modo en que han venido funcionando nuestras instituciones y economía.
Por el lado de los ex funcionarios no habrá demasiadas sorpresas: CFK ya se sabe que es considerada jefa de la asociación ilícita, De Vido y Baratta sus organizadores y el resto seguramente partícipes necesarios, con las contemplaciones correspondientes a su grado de colaboración en las investigaciones.
Pero en cambio el trato que se dispensará a los empresarios involucrados es mucho más incierto. No sólo porque entre ellos el porcentaje de arrepentidos y colaboradores es mucho mayor, sino porque sus abogados tienen más argumentos para sostener que su participación fue forzada (los extorsionaron para que participaran del contubernio) o al menos que se limitó a la concesión de dádivas (“aportes de campaña” o como se los quiera presentar).
Por ahora se sabe que el juez distinguirá la situación de los “coorganizadores” de la asociación ilícita como Carlos Wagner, ingeniero en jefe del “club de la obra pública”, y Ernesto Clarens, proveedor de la red financiera por la que se canalizó buena parte del dinero negro, del papel de quienes fueron partícipes necesarios, y este a su vez del de quienes se involucraron en forma periférica o puntual. Ahora que, si se revisan bien las cuentas de los contratos que todos ellos firmaron, habrá que ver si alguno puede escapar a la acusación de sobre precios, fraude al Estado, etc.
Cómo se defina esta cuestión en la acusación que Bonadío está por presentar será, entones, de decisiva importancia para que la causa se parezca efectivamente al Lava Jato y al proceso contra Obedrecht en Brasil, y por tanto tenga un impacto más amplio en el sistema de poder que desde hace décadas viene debilitando nuestra democracia, nuestro acceso a bienes y servicios públicos y el modo en que nuestra economía se provee de infraestructura, energía y otros insumos básicos. No es poca cosa.
No es para nada casual que las compañías a cargo de esas actividades, constructoras, petroleras, las productoras de los insumos correspondientes, sean a la vez las más dependientes de decisiones discrecionales del sector público, y las que más han crecido en las últimas décadas, junto a los bancos, por lo que hoy estén sobrerrepresentadas en nuestra cúpula empresaria.
Cómo se las trate en esta prueba de fuego sobre el alcance de la igualdad ante la ley va a ser, solo por esa cuestión de peso, fundamental. Pero también va a serlo para que se empiece en serio a sanear nuestro controvertido capitalismo criollo. Cuyos vicios no han podido ser superados hasta aquí por su mero contacto regular con las instituciones de la democracia.
¿Es razonable dejar en manos de un juez y dos fiscales semejante tarea, esperar que ellos hagan lo que décadas de gobiernos electos y decenas de otras instancias institucionales, incluidas las judiciales, ni siquiera empezaron? No hay que ser tan exigentes. Pero la oportunidad está, y esperemos que en la medida de lo posible se aproveche. Lo que va a depender también de lo que hagan muchos otros actores, sobre todo el gobierno nacional.
El presidente y sus colaboradores han dicho que apoyan las investigaciones y destacaron que ellas han sido posibles gracias a que Cambiemos ganó en 2015, y en 2017, y a que por su impulso se aprobaron leyes como la del arrepentido, y se destituyó a jueces que hubieran frustrado desde el comienzo el proceso.
Todo eso es indiscutiblemente cierto, pero no está claro qué grado de implicación va a asumir el Ejecutivo nacional en los efectos colaterales del caso: ¿por temor a que no caiga más la actividad de la construcción va a disculpar a empresas y empresarios acusados?, ¿o les impondrá las multas multimillonarias que pueden corresponder por el daño causado al fisco?
Hace unas semanas Macri concurrió a una reunión de AEA y lo único que dijo fue que lo llamaran si alguien les pedía coimas. Faltó que les habilitara un 0800-coimeados. Después de dos años y medio de despotricar contra el “círculo rojo” tal vez se asustó de verlo tan desguarnecido y al borde del colapso.
El ministro de Justicia Garavano está algo ausente desde hace meses y Frigerio demasiado absorbido por los líos con el Presupuesto. Corolario: no parece haber iniciativa alguna para intervenir en el entuerto. No se sabe todavía si se mantendrán o no los contratos de PPP, qué va a pasar con el fideicomiso que se pensaba crear para garantizar su financiamiento, ni si se va a intentar sanear a al menos algunas de las empresas acusadas para que sigan funcionando. Lo que podría hacerse forzando cambios en sus directivas, imponiéndoles nuevas reglas de transparencia, y también el pago de multas que, como sucedió en Brasil, les permitan relegitimarse ante la sociedad.
Si se deja pasar el tiempo, ¿será porque se espera a ver si Bonadío mete el cuchillo hasta el hueso o el huracán se convierte en tormenta tropical y todo se calma? Puede que del lado de las empresas esa espera sea razonable, pero no lo es del lado del resto de los actores. ¿Y si la incertidumbre y la improvisación al final imponen más costos que una medicina previsora y drástica? ¿Y si las empresas atan su destino al de los empresarios y terminan no valiendo nada?
Macri tal vez podría aprender también a este respecto de la experiencia de Alfonsín. Cuando él llegó al poder tenía la opción de validar los seguros de cambio y demás mecanismos por los que había venido estatizándose la deuda externa privada, o revisarlos y poner a muchas grandes empresas del país a su merced, lo que en otras manos podría haber conducido a un socialismo por vía administrativa.
Finalmente, dadas las urgencias de la coyuntura económica y el temor a sumar más conflictos a los que ya tenía, más o menos como Macri en estos días, prefirió la primer opción. Pero lo grave fue que dejó pasar la oportunidad de imponerle al menos algunas condiciones a los beneficiarios, obligarlos a que a partir de entonces cambiaran en algo sus comportamientos. Tal vez hasta hubiera contado con el respaldo suficiente para evitar el ’89 y hubiera sido mucho mejor para todos.