La UIF insistirá en la reapertura de la causa por presunto enriquecimiento ilícito de los Kirchner
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El Gobierno insistió hoy en reabrir la investigación por enriquecimiento ilícito que se cerró en favor de la ex presidente Cristina Kirchner. Reclamó que se aplique el criterio de "cosa juzgada írrita", que cuestiona los sobreseimientos fraudulentos. La presentación la hizo la Unidad de Información Financiera (UIF), en busca de que la Sala 1 de la Cámara Federal de Casación Penal acepte al organismo como parte querellante y, así, revise la reapertura de la causa que cerró el ex juez Norberto Oyarbide cuando los Kirchner todavía estaban en el poder.
En aquel momento, el matrimonio presidencial reportó un crecimiento patrimonial de 158% durante 2008. Pero Oyarbide cerró la investigación en base a las explicaciones del contador de los K, preso por la causa Los Sauces.
La UIF además denunció los vínculos que tenía Oyarbide con el Gobierno,
cómo le tocaron las causas más sensibles y cómo ayudó a frenar esas investigaciones. La decisión está en manos de los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens, integrantes de la Sala I de la Cámara Federal.
El enriquecimiento ilícito y la causa de los cuadernos
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Oyarbide decidió el cierre de la causa en 2009 en base a las explicaciones que había dado el contador de los Kirchner Víctor Manzanares, hoy preso por Los Sauces y citado a indagatoria por el expediente de los cuadernos.
Pero Oyarbide también está procesado en la causa de los cuadernos como miembro de una asociación ilícita
que encabezó la ex presidente y que se dedicaba a recaudar plata de los
negocios del Ministerio de Planificación. Cuando el juez Claudio
Bonadio lo citó a declarar, Oyarbide dijo en declaraciones
periodísticas: "Por esa resolución a mí no me consta pero sí hubo
personas cercanas al Presidente Kirchner y su mujer que me reclamaban
una rápida solución del caso. Uno de los que recuerdo es Javier
Fernández y el propio Jaime Stiuso". Y añadió: "Hice lo que me dijeron… me apretaban del cogote".
Según la presentación de la UIF, el ex juez aseguró: "Ellos (por Stiuso
y Fernández) eran empleados de una persona que era sí de quien emanaban
todas las responsabilidades y es la persona que falleció, el esposo de
la Presidenta". "Yo sobreseí en base a todo lo que me dijeron.
Había que hacerlo. Y así fue que transcurrió. Esa era la pura verdad.
Fue el mismo fin de semana que él se murió, ¡mirá qué desgracia!", sostuvo el magistrado.
Esas declaraciones fueron ponderadas hoy por la UIF en el escrito al que accedió Infobae y que se presentó luego de la decisión del juez Marcelo Martínez De Giorgi de no hacer lugar al desarchivo de la causa por enriquecimiento ilícito del matrimonio Kirchner.
"El pedido de nulidad que formulara esta parte hunde sus raíces en
circunstancias que no solo comprenden, sino que exceden y determinan el
contenido de aquella decisión que terminó por sobreseer a Néstor
Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner -dijo el escrito firmado por
la vicepresidenta de la UIF Eugenia Tallarico, y al que accedió Infobae
-. El propio Oyarbide hizo públicas las presiones recibidas
desde diferentes sectores, que lo determinaron a dictar el
sobreseimiento en favor del matrimonio Kirchner".
Pero además añadió: "Es de público conocimiento que durante buena parte
del ejercicio de su función, el ex-juez Oyarbide habría mantenido fuertes vínculos con el gobierno de Néstor Kirchner y su consorte Cristina Fernández de Kirchner. En tal sentido el ex juez recibió las causas más sensibles de la época, entre ellas la presente, pero también el desvío de fondos públicos
a través de la Fundación Madres de Plaza de Mayo por los hermanos
Shocklender, la investigación de una asociación ilícita fiscal por parte
de las máximas autoridades de la AFIP, etc. Todas estas causas culminaron con sobreseimientos o trámites amañados".
Entre otros puntos la UIF recordó el pedido de juicio político para Oyarbide que impulsó la diputada Elisa Carrió, la investigación contra el ex magistrado por la compra de un anillo de brillantes valuado en USD 250 mil y la paralización de dos causas contra Amado Boudou por presuntas irregularidades en el manejo de fondos como titular de la ANSES.
El Gobierno como querellante contra CFK
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Pero Martínez De Giorgi rechazó la pretensión por entender que la UIF no podía ser tenida como querellante porque no se investigaba el lavado de dinero.
"Sin embargo, ha escapado al análisis la fundamental premisa de que el
delito investigado resulta ser un delito de contenido patrimonial y como
tal, precedente de lavado de activos", sostuvo la presentación.
"Vuestra señoría omitió considerar es que, como elemento objetivo
esencial a la figura de enriquecimiento ilícito, existirían fondos sin justificación legal, cuya introducción en el mercado configura necesariamente un ilícito de Lavado de Activos, el que resulta de competencia específica de esta Unidad", aseguró.
Y para eso usó como ejemplo el caso del ex secretario de Obras Públicas José López, que está enjuiciado por enriquecimiento ilícito y en donde la UIF fue habilitada como querellante.
Pero además la UIF sostuvo que "el sobreseimiento reposa
-fundamentalmente- sobre una pericia cuyos puntos fueron propuestos por
un juez sospechado de beneficiar a los imputados en otras investigaciones,
a sabiendas de la prueba que yacía -y la que no- en el expediente al
momento de la pericia" y afirmó que "la resolución que decide el
sobreseimiento exhibe en mayor medida sus visos de arbitrariedad, si
consideramos el estándar que se requiere para la adopción de tal
temperamento -tanto más si es dictado a escasos meses de comenzar una
investigación compleja-".
Los Kirchner ya habían sido investigados por enriquecimiento ilícito en otros dos períodos y también fueron sobreseídos. La primera abarcó el período 1995-2004 y fue cerrada en 2005 por el juez Julián Ercolini. La segunda analizó la variación patrimonial entre 2005 y 2007 y fue archivada en 2008 por el juez Rodolfo Canicoba Corral.
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